Existe una gran preocupación en el empresariado de Cantabria por la demora en la gestión administrativa de las licencias de apertura de nuevos negocios o las licencias para su ampliación y creen que ha llegado el momento de exponer públicamente su hartazgo por la situación creada.

Tras la pandemia, que ha tenido consecuencias gravísimas en la salud y también en la economía de Cantabria, los empresarios están convencidos de que una parte importante de la recuperación tiene relación directa con la atracción de inversiones y la consolidación y ampliación de los negocios ya existentes. La ralentización que observan en los procesos administrativos «va en la dirección contraria de la recuperación económica y lastra fuertemente la creación de empleo y riqueza», dicen en un comunicado.

La agilidad y la simplificación en la tramitación burocrática «es una parte importante de la atracción y las decisiones de inversión en un territorio», sostienen. Han visto cómo en el pasado reciente, y también en la actualidad, proyectos importantes de inversión en la Comunidad se han truncado «por la complejidad burocrática y la dilatación de los plazos que tiene que cumplir cualquier emprendedor».

Los empresarios afirman estar altamente preocupados por este asunto, que han trasladado desde hace prácticamente dos años al Gobierno de Cantabria. Creen fundamental que en el Plan de Recuperación Económica la administración facilite y acompañe los procesos de inversión, especialmente cuando otras Comunidades cercanas o de un potencial similar han agilizado extraordinariamente los plazos y los trámites para captar inversiones. El País Vasco, La Rioja o Castilla y León tienen procesos más ágiles que Cantabria.

Por ello, CEOE-CEPYME puso en marcha un grupo de trabajo para conocer, comparar y buscar fórmulas que optimizasen los procesos administrativos para la obtención de licencias de actividad. Este grupo, integrado por profesionales de distintos sectores y actividades, realizó un estudio sobre la situación de la normativa vigente en Cantabria en lo relativo a la tramitación de licencias urbanísticas y de comprobación ambiental.

Las propuestas presentadas apuntaban mejoras en tres áreas de actuación: mejoras legislativas, eliminación o simplificación de tareas administrativas y coordinación entre administraciones y mejoras tecnológicas.

El resultado del análisis señalaba que existen muy buenas oportunidades de optimizar los tiempos y las gestiones, si se trabaja de forma coordinada. Compartieron los resultados con el Gobierno regional en un afán de colaborar, desde la responsabilidad y el espíritu constructivo, en la reactivación de la economía de la región.

El estudio fue presentado en la Mesa especializada de responsabilidad social corporativa del Consejo del Diálogo Social, que decidió la creación de un grupo de trabajo para el estudio de las propuestas planteadas. Como resultado de esa primera iniciativa, se aprobaron diversas mejoras en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021, mejoras que, «aunque bienvenidas, eran claramente insuficientes», estiman. Por esta razón, en enero de este año se impulsaron nuevamente los trabajos con el Gobierno para completar el desarrollo normativo propuesto. Estas acciones «han terminado por enredarse en las diferentes Consejerías e instancias oficiales sin que seamos capaces de vislumbrar cuándo y cómo finalizará este periplo. Y mientas tanto las oportunidades para la atracción de inversiones se siguen perdiendo», denuncian.

Llegados a este punto, los presidentes de las asociaciones firmantes, que representan prácticamente al 100 % del empresariado de Cantabria, «nos vemos en la obligación de levantar la voz y exigir una solución a esta dejadez. Es imprescindible incrementar el ritmo de las decisiones del Gobierno. Es imprescindible acelerar, agilizar y priorizar este asunto que es vital ahora y lo será también en el futuro», reclaman.