Esta semana, representantes del Colegio de Trabajo Social de Cantabria y de la plataforma “Ciudadanía contra la exclusión sanitaria” se reunieron con la Delegada de Gobierno, Ainoa Quiñones Montellano, al objeto de trasladarle la preocupación de ambas organizaciones sobre las dificultades de acceso a asistencia sanitaria pública que tienen ciertos colectivos de extranjeros en Cantabria.

Entre ellos citaron a personas en situación regular, entre los que destacan personas con situaciones económicas muy precarias y niños que quedan en desamparo, situaciones de embarazo, urgencias y de menores cuando se da situación irregular y no se cumplen los 90 días de empadronamiento, etc.

Estas organizaciones reclamaron que se dé aplicación a los informes de Trabajo Social que permitirían cubrir carencias de requisitos administrativos y señalaron “la vulnerabilidad en la que se pueden ver las personas excluidas, cuando tengan que escoger entre hacer una comida decente o comprar la insulina de la abuela, pagar una consulta privada o mantener la casa caliente”.

Por todo ello, se le pidió a la Delegada que usara de su posición para transmitir estos motivos de preocupación al Gobierno central (insistiendo en los compromisos del informe “Equidad en Salud y COVID 19” del Consejo Interterritorial de Salud, que pedía medidas urgentes para cubrir estas carencias, sin esperar a las reformas legislativas pertinentes), al Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cantabria y a la ejecutiva del PSOE.

Finalmente, se le sugirió que instara a que se arbitren mecanismos inclusivos de “situación especial” en los procedimientos administrativos cuando se detecten casos que, previsiblemente, aboquen a situaciones de exclusión sanitaria contrarias al principio de equidad en el derecho a la salud.