Hace pocas semanas se conoció que Ferrovial, que se hizo con los servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en la legislatura de Ignacio Diego como presidente de Cantabria (2011-2015), ha vendido el 75% de su participación a Portobello, un fondo de capital riesgo español que está acostumbrado a invertir en un montón de sectores empresariales diferentes, desde hoteles a despachos de abogados, residencias de mayores o clínicas dentales. Y ahora hablamos de Sanidad Pública.

«El problema está en el momento en que se abre la puerta a trabajar en el ámbito de lo público y en algo tan esencial como la Sanidad desde la visión de la rentabilidad», dice Rosa Mantecón, secretaria general del CCOO en Cantabria.

Por eso muestra su preocupación por esta noticia dentro de Valdecilla. «No sabemos cómo será el trasvase del personal y de los servicios, ni cuáles son las condiciones que tiene asumidas Portobello», reflejando el ocultismo que suele conllevar este tipo de operaciones.

Aunque se trate de los servicios no clínicos del hospital, Mantecón sostiene que «hay que garantizar la calidad», porque también es parte esencial de lo que hay que ofrecerle a los ciudadanos.

Recordaba la dirigente de CCOO que esto partió en la etapa de Gobierno de los Populares. «Es lamentable que este sea el modelo de un partido que se ve como partido de Gobierno. Y lo defiende a capa y espada», afirma.

También se refirieron a este modelo los otros dos contertulios. José María Fuentes-Pila, portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, recuerda cuando también se implantó en la Comunidad de Madrid, y lo califica como «políticas de privatización encubierta aberrantes».

En el caso concreto de Valdecilla, el dirigente regionalista recuerda que se juntó la «urgencia» de las obras del hospital con las «políticas del PP». «Tú me lo acabas y yo te concedo», resume. El abogado Javier Gómez-Acebo lo explica diciendo que «forma parte de la filosofía de la privatización del PP». Mantecón también recuerda que, en su día, «CCOO pidió una comisión de investigación sobre este contrato», pero finalmente no se llevó a cabo.

La secretaria general del sindicato señala también que «600 personas van a pasar a depender de esta empresa», pero esto se hace sin que haya «un blindaje del servicio ni de las condiciones de trabajo», para acabar lamentando que «cada vez más espacios públicos se gestionan desde manos privadas», como una tendencia que acaba siendo perjudicial para la ciudadanía.

Fuentes-Pila remarca que «todo lo que no sea rentabilidad se va soltando a fondos, y eso deteriora, cuando no corrompe, los derechos de los ciudadanos» y que al final hay servicios públicos que se utilizan «como moneda de cambio, incluyendo a los trabajadores».

Gómez-Acebo ve un modo de funcionar que ya se ha repetido varias veces. «Mientras es negocio, lo mantienen, y si no lo venden a alguien que tenga más facilidad para entrar en concurso de acreedores y en última instancia lo vuelve a rescatar el Estado», comenta. Y añade que en algo como la Sanidad pasaría algo así, porque es un servicio que «no puede dejar de funcionar ni un solo día».

En este caso hablamos de algo tan importante como la Sanidad, y de una tendencia que a este abogado le parece «repartirse un gran pastel», porque si se habla de un hospital como Valdecilla, con miles de trabajadores, «es un negocio suculento». Y el peligro que ve Fuentes-Pila es que, después de los servicios no sanitarios, pueden venir los demás. Por eso Gómez-Acebo dice que «debemos ser precavidos».

El abogado recuerda también las bajas temerarias, una práctica que redunda en reducir los precios de los contratos, algo que está detrás de la «salida de España de técnicos y las personas más formadas, y es porque el precio de los técnicos ha bajado mucho».