La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), pondrá en marcha por primera vez en Cantabria la ‘Prestación Vinculada al Servicio’.

Así lo ha anunciado hoy la consejera Ana Belén Álvarez durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para informar de los presupuestos de su departamento para el próximo año, “un presupuesto ambicioso que contiene importantes novedades y que nos tiene que permitir dar un salto en la especialización del modelo de cuidados de larga duración, la sostenibilidad y eficiencia energética y la cohesión social”.

Tal y como ha explicado la consejera, las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio ascienden a 422.628.000 euros, un 13% más que en 2021, procedentes en su mayor parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. “Se trata de un presupuesto histórico, no solo por el crecimiento de 49 millones de euros, sino por la importante cantidad de novedades y programas pioneros que introduce”, ha destacado.

La titular de Empleo y Políticas Sociales ha resaltado así el “carácter innovador” del presupuesto que va a desarrollar una veintena de nuevos programas en materia de empleo, vivienda y políticas sociales, y también a promover nuevos equipamientos, como el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento y Orientación o el Centro de Apoyos a los Cuidados.

Igualmente, Ana Belén Álvarez ha destacado la inversión para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se incrementa nuevamente en 4 millones de euros más y “supera así la barrera de los 150 millones”. A este respecto, ha apuntado que el esfuerzo que está realizando el Gobierno regional y el personal público en esta materia han situado a Cantabria como la comunidad autónoma más ágil en el reconocimiento del Grado de Dependencia y la aprobación del Plan Individual de Atención (PIA).

Según ha detallado, con datos del IMSERSO, Cantabria es la comunidad autónoma que más ha reducido el tiempo medio de espera desde la solicitud del grado de Dependencia a la resolución del PIA (Programa Individual), con un descenso del 41% (91 días) frente a un descenso medio en España de -2,1% (9 días).

De este modo, de media en España una persona tarda en obtener el Grado de Dependencia y la resolución del PIA 1 año y tres meses (448 días), mientras que en Cantabria este tiempo es de 4 meses (127 días), siendo “una de las tres únicas autonomías que están por debajo de los 180 días que marca la Ley”.

Cada mes, se realizan cerca de 500 valoraciones de grado (467); el 89,9% obtienen un grado. En lo que va de año, 3.786 personas han obtenido grado.

En esta línea, la consejera ha afirmado que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia recibe una “especial atención” junto a los Servicios Sociales de Atención Primaria, que por su parte han pasado de estar dotados con 15,7 millones de euros a comienzos de legislatura a los 22 millones previstos para el próximo año, una subida del 40%.

30 MILLONES EN AYUDAS A EMPRESAS

Durante su intervención, la consejera ha explicado que el presupuesto “incrementa los recursos dirigidos a la protección social, a generar oportunidades para las personas en desempleo, a facilitar el acceso a una vivienda y a impulsar la Dependencia”.

En materia de Empleo, ha apuntado que habrá “más de 35 millones de euros en ayudas para empresas y autónomos”, como las referidas a la contratación indefinida (6,8 millones), y 65 millones estarán destinados a la contratación de personas en situación de desempleo, tanto a través de empresas privadas como entidades locales y sociales. Como novedades, también destacan el Plan de Digitalización dirigido a pymes, autónomos y empresas de economía social (4,4 millones) o los programa ‘Talento y Empleo’, de colaboración directa con empresas de sectores estratégicos, o el ‘Investigo’, dirigido a la contratación de jóvenes investigadores, al tiempo que se “consolidan” los programas de primera experiencia laboral para jóvenes.

DEPENDENCIA

Además de consolidar y mejorar el Sistema Público de Servicios Sociales y Dependencia, la consejera ha resaltado que se van a poner en marcha programas pioneros, como es el primer programa para prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada en Cantabria −que se va a llevar a cabo en la Comarca de Campoo-Los Valles−, la implantación del modelo de atención a menores víctimas de abuso sexual y maltrato ‘Barnahus’ o el modelo ‘Housing First’ para personas sin hogar.

Con fondos europeos, otra de las novedades es el desarrollo de la ‘Historia Social Única y Digital’ que estará integrada en el Sistema Integrado de Prestación y Servicios Sociales (SIPSS), una plataforma digital de acceso a los servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales que incluirá el desarrollo de herramientas de diagnóstico estandarizadas y comunes para todos los profesionales que mejorará la gestión.

Además de la Prestación Vinculada al Servicio, en materia de Dependencia, la consejera ha anunciado que está previsto desplegar en Cantabria la Teleasistencia avanzada e impulsar la especialización del modelo de cuidados de larga duración, para lo cual se contará con una partida de 12 millones de euros.

Y, finalmente, en este campo también se ha referido a la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro, a las que se destinarán algo más de 6 millones de euros a través de distintos programas

REHABILITACIÓN

En Vivienda está previsto conceder ayudas por valor de más de 7,5 millones de euros, dos de ellos destinados a la rehabilitación de barrios, edificios y viviendas en Cantabria con criterios de eficiencia energética. En este apartado y como novedad, se van a habilitar oficinas de rehabilitación temporales en distintos puntos del territorio para promover el acceso a las ayudas europeas que, según ha confiado, “serán uno de los motores de la recuperación” tras la pandemia.

Igualmente, Ana Belén Álvarez ha anunciado que está previsto poner en marcha un nuevo programa para la movilización de vivienda vacía, “nuevamente un programa pionero en Cantabria”.
Del mismo modo, se tiene en cuenta a las que están pasando “mayores dificultades”, para lo cual se incrementa el 20,5 % las ayudas del Fondo de Emergencia Habitacional, que dispondrá de 489.711 euros, un 66% las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes y se consolidan los 5,8 millones para ayudas al alquiler.

El 80% de los 422,62 millones de euros, “más de 320 millones de euros”, serán ‘inversión social’ que, según ha explicado, “se trasfieren directamente al ciudadano mediante pagos directos a las personas, ya sea en forma de ayudas, subvenciones o la prestación de servicios”.

DATOS DEPENDENCIA

A 31 de octubre, en Cantabria hay 17.340 personas dependientes con prestación. Cantabria es, junto a la Cataluña, la Comunidad que más plazas públicas concertadas residenciales oferta a las personas dependientes (18,15% de las personas dependientes frente a 10,95% media)
Además, Cantabria es la segunda autonomía que más prestaciones ofrece a las personas dependientes (1,55 por usuario; 1,28 media nacional) y la que más personas beneficiarias del Sistema de Atención para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en relación a su población.

REACCIÓN DE CIUDADANOS

La diputada de Ciudadanos (Cs), Marta García, ha sostenido hoy -tras la comparecencia de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en el Parlamento con el fin de informar acerca de las cuentas de su departamento en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2022- que Ana Belén Álvarez tiene por delante «un gran reto social, económico, y empresarial» ante los datos del paro en Cantabria, el incremento del desempleo juvenil, los problemas de acceso a la vivienda, el aumento de las familias vulnerables y de la pobreza.

«No es un buen escenario y es su obligación dar una respuesta contundente y efectiva para revertir esta situación», ha aseverado García, quien ha mostrado su preocupación ante el hecho de que la partida destinada a ayudas al empleo autónomo registre un descenso en el presupuesto de 800.000 euros. En el extremo contrario, ha evidenciado el esfuerzo destinado al capítulo de empleo juvenil, en el que se duplica la cuantía, aunque ha subrayado que «no será suficiente» para solucionar las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes a la hora de acceder a un puesto de trabajo en Cantabria.

En opinión de la diputada de Cs, y a pesar de que en los PGC de 2022 el Servicio Cántabro de Empleo «crece bastante y parece un presupuesto razonable», no se entiende la reducción de las partidas a las entidades locales en los talleres de empleo y en el empleo joven, así como el «descenso llamativo» de la partida destinada a la oferta formativa a desempleados.

Asimismo, Marta García ha llamado la atención, en el capítulo dedicado a Políticas Sociales, acerca de la «excesiva dependencia» de este apartado a los fondos europeos, «que representan el 56 por ciento del total». «Nos inquieta pensar qué puede pasar con las políticas sociales en esta comunidad autónoma en el caso de que los fondos no lleguen o las cuantías se modifiquen a la baja», ha reconocido la diputada liberal, para quien «la mejor política social es un trabajo, porque dignifica».

Un punto en el que ha subrayado que una» partida importante» de estos fondos, concretamente 1.745.200 euros, va destinada a actuaciones como la transformación y especialización del modelo de cuidados de larga duración, el desarrollo de la teleasistencia avanzada y apoyo a personas cuidadoras, y la mejora del sistema de acogimiento residencial y familiar de menores y capacitación digital, entre otros.

Por último, García ha lamentado que el Gobierno PRC-PSOE haya incumplido los acuerdos alcanzados en materia de discapacidad, ya que -desde que en junio de 2020 se creó la comisión permanente de discapacidad. Este organismo «aún no se ha convocado», mientras que el Consejo Autonómico de la Discapacidad «sigue sin crearse pese a estar aprobado en la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2019». «Si de verdad este gobierno se autoproclama como defensor de los derechos sociales cumplan con la Ley, cumplan con lo aprobado y además destinen más recursos a la mejora del transporte, la educación o la accesibilidad de las personas con discapacidad», ha concluido.