La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria, FAPA, ha enviado una solicitud a la Consejería de Educación para que rechace la campaña ‘Un Clic para el cole’, puesta en marcha por la multinacional Amazon.

Desde la FAPA recuerdan en el escrito que han presentado a la consejería «la situación de crisis e incertidumbre que atravesamos actualmente como consecuencia de la COVID-19, unida a la necesidad de conducir nuestra sociedad a unos hábitos de consumo más sostenibles hacen necesario apostar por un comercio de proximidad que permita reducir nuestra huella ecológica, así como apoyarnos entre vecinos y vecinas».

Consideran que la campaña “Un Clic para el Cole” que realiza la multinacional Amazon para que los centros educativos puedan adquirir materiales a través de donaciones generadas en compras realizadas por las familias en esta plataforma choca frontalmente con ambas ideas, y «su sola promoción supone un daño evitable tanto al tejido comercial de nuestros pueblos y ciudades como al trabajo de concienciación medioambiental que se realiza en los propios centros educativos».

También ven con preocupación que  desde los centros educativos se dé espacio y visibilidad a empresas que, «cuanto menos, nos generan serias dudas tanto en el respeto de los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras como en su régimen fiscal, con una contribución social a través de los impuestos que dista mucho de la que realizamos las familias».

Desde FAPA Cantabria consideran necesario que la Consejería de Educación estudie el encaje legal de esta campaña, ya que, en su opinión, podría vulnerar los principios de contratación pública establecidos en la Ley de Contratos, que prevé “facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes”, algo que parece chocar con esta campaña.

Además, añaden que el hecho de participar en esta campaña supone dar publicidad a una empresa en detrimento de otras, circunstancia que consideran  también dudosa.

Por último, consideran inaceptable que, a través de campañas de este tipo, «se nos siga transmitiendo a las familias la sensación de que es necesario que realicemos donaciones y aportaciones para que los centros educativos de nuestros hijos e hijas cuenten con los recursos necesarios para que reciban una educación de calidad, generando además desigualdades entre los centros en virtud de la capacidad económica de sus familias».

Concluyen diciendo que la financiación de unos servicios públicos de calidad debe de venir de impuestos pagados de forma justa por empresas y ciudadanía, no a través de limosnas recaudadas por empresas de dudosa “arquitectura fiscal”, y es responsabilidad de las administraciones públicas concienciar a la sociedad en este aspecto y dotar a los centros de la financiación necesaria.

Por todo ello y como conclusión de la carta que han enviado  solicitan a la Consejería de Educación que elimine de los centros educativos participar en esta campaña, como ya han hecho otras comunidades autónomas como Navarra, La Rioja, Extremadura o Castilla-La Mancha, y la puesta en marcha de planes de concienciación hacia un consumo responsable.