Desde que un 12 de febrero de 2012 el recién nombrado gobierno de M. Rajoy decidiera acometer la mayor reforma laboral de la historia y, con ella, el mayor ataque perpetrado a la clase trabajadora de nuestro país, no se han dejado de elevar voces y producir movilizaciones en contra de esta norma en busca de su derogación. Y es que, como aquel preso que va contando los días en los que se le privó de libertad con marcas en su celda, 3.609 días hemos marcado la clase trabajadora desde que se nos privó de la capacidad de negociar y de tener unas relaciones laborales equilibradas.

Sin embargo, cuando llega nuestro día, en vez de celebrar y empezar a ver el nuevo camino a construir, desde la izquierda preferimos seguir pensando en el tiempo de encierro, elegimos quedarnos debatiendo si ha sido lo suficientemente atrevida esta nueva reforma, o si se han alcanzado todos los objetivos pretendidos.

Planteada así, la respuesta es fácil: no, no se han alcanzado todos los objetivos pretendidos. Pero es que, cuando estamos en una negociación buscando un acuerdo, tenemos que ser conscientes que algo se va a quedar por el camino. Lo importante es que hemos conseguido marcar una dirección y establecer una nueva forma de entender las relaciones laborales y, por supuesto, hemos logrado los cambios más importantes que se pretendían.

Si el PP con una reforma impuesta unilateralmente buscaba una desregulación del mercado, una devaluación del trabajo y del empleo, y dejar vacía de contenido la negociación colectiva, ahora era completamente necesario recuperar estos tres puntos y hacerlo, además, desde el acuerdo y el consenso de las partes.

En primer lugar, la negociación colectiva recobra la importancia y el papel central la hora de regular las relaciones laborales en las empresas y sectores de nuestro país.

-Por un lado, hemos vuelto a la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, para evitar los abusos que se han producido estos años en los que muchas empresas aprovechaban la falta de representación sindical en sus centros de trabajo para suscribir convenios colectivos que rebajaban derechos y salarios respecto a los convenios del sector.

-Por otro lado, recuperamos la ultraactividad de los convenios colectivos, para garantizar que siga existiendo un paraguas de protección hasta que se negocia un nuevo convenio, pieza clave para rescatar el perdido equilibrio negocial, que también estimula el diálogo, la buena fe y la necesidad de llegar a un acuerdo.

En segundo lugar, se ataja la temporalidad y la precariedad en nuestro país. Se ha puesto el foco sobre el uso abusivo y fraudulento de ciertas modalidades de contratación, como los antiguos contratos formativos o incluso el de circunstancias de la producción y, con especial transcendencia, el contrato por obra o servicio. De este modo, este último se ha eliminado por completo del ordenamiento y a los anteriores se les ha dado una regulación que redime su naturaleza temporal, la causalidad que les sirve de fundamento.

Para completar esta reducción de la temporalidad, se ha potenciado el uso del contrato fijo discontinuo que traerá estabilidad en el empleo en sectores estacionales o de temporada. Entonces, una persona trabajadora estará todo el año vinculada a ese trabajo, aunque solo trabaje el periodo en el que la empresa tiene actividad, pudiendo acceder durante el periodo de inactividad a la prestación por desempleo. Así se consigue dar certidumbre laboral a las personas que trabajan en empleos de temporada y, además, se mejorará la formación de estos profesionales.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la precariedad no solo se ataja modificando la normativa laboral, sino que es necesario que el gobierno impulse medidas que desarrollen sectores estratégicos y abra nuevos nichos de negocio para cambiar el modelo productivo de nuestro país, que nos posicionen a la vanguardia de sectores que serán clave en los próximos años.

Además, el Gobierno es consciente de los abusos que sufren las y los estudiantes de nuestro país que pretenden acceder al mercado de trabajo, con lo que no podrá presumir de que se ha traído protección a toda la clase trabajadora hasta que no se llegue a un acuerdo sobre el Estatuto de las Prácticas no Laborales.

Como contrapartida, los escépticos de derechas llaman a Garamendi blando o vendido. Pero es que esta reforma también interesa a la patronal, o al menos a esa patronal que quiere tener certidumbre y seguridad jurídicas, un mercado de trabajo regulado que no beneficie al más pirata. Es la patronal que busca una competencia leal entre las empresas, que conoce los compromisos con Europa y se avergüenza de la anomalía española en temporalidad. Además, hay medidas como el Mecanismo RED que dota a las empresas de una gran capacidad de acudir a medidas de flexibilidad para evitar despidos en momentos de dificultad. A diferencia con la “flexiseguridad” que nos vendía el PP, la flexibilidad a esta reforma deberá estar negociada con los sindicatos y supervisada por la autoridad laboral.

Por tanto, es muy positivo que la CEOE firme este acuerdo por todas y cada una de las empresas a las que representa, pero también y, sobre todo, volviendo a la importancia del pacto en mesa de Diálogo Social, porque facilita la convalidación parlamentaria. La lógica nos haría presuponer que en una democracia sana la firma de la CEOE bastaría para tener a parte del arco parlamentario de la derecha, que representa sus intereses, convalidando el acuerdo. Sin embargo, si tenemos en cuenta la falta de “responsabilidad de Estado” del PP desde que se conformó este gobierno y sus continuas incoherencias políticas, creo que aún le quedan muchos titulares, espero que no sean bandazos, que dar a esta reforma laboral.

En cualquier caso, ahora viene un periodo en el que se irá dibujando el nuevo escenario que plantea esta nueva reforma laboral. Ya estamos presenciando todo un despliegue de medios y recursos de la parte empresarial que persigue imponer una interpretación de la norma en base a sus intereses, para incidir allá donde pueda hacerlo. Ahora queda saber si la izquierda nos pondremos a defender el acuerdo, sin renunciar a posibles negociaciones posteriores sobre otros artículos o normas, pero trabajándolo en profundidad. Queda por resolver, por tanto, si seremos nosotras y nosotros las que marquemos y definamos esas nuevas relaciones laborales, o si nos quedaremos atrapados en esos 3.609 días, regocijándonos en nuestras penas.