La falta de un órgano que debía crearse por Ley aboca al Ayuntamiento de Santander a problemas legales y fiscales

La oposición llama la atención sobre el "colapso" del PP, que debió haber creado hace dos décadas un Tribunal Económico Administrativo Municipal sobre el que ahora le requieren Hacienda y el Tribunal Supremo
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Tras la publicación por EL DIARIO  MONTAÑÉS de los problemas que puede suponer para el Ayuntamiento de Santander la falta de un Tribunal Económico Administrativo Municipal para gestionar sus impuestos, a lo que estaba obligado por Ley, se han sucedido las reacciones.

Así, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ha afirmado hoy que el PP y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, “están poniendo en riesgo la estabilidad económica y la viabilidad” del Consistorio, al incumplir la Ley y no poner en funcionamiento el Tribunal Administrativo Municipal (TEAM), que debía haberse implementado hace casi 20 años.

“La situación es realmente preocupante. Están en el aire decenas de miles de euros, la recaudación municipal desde 2003 y la posibilidad de que tanto empresas como vecinos y vecinas de nuestra ciudad inicien reclamaciones en cascada por el cobro indebido de los impuestos, multas y las tasas municipales”, ha subrayado.

El Tribunal Supremo tendrá que resolver sobre un recurso que obliga a entrar a fondo de todo el sistema financiero de Santander, por lo que  el PSOE ha solicitado una Junta Extraordinaria de portavoces “con el objetivo de exigir las explicaciones pertinentes al PP ante la situación de inseguridad jurídica en la que han situado al Consistorio, y conocer qué piensan hacer al respecto”.

De hecho, el portavoz socialista ha recordado que Santander es la única capital española que no tiene en marcha el TEAM, y que en 1987 la Ley de Régimen Local obligaba a crear este órgano a los municipios con más de 250.000 vecinos, o aquellas capitales de provincia de más de 175.000.

Además, hace casi 20 años, en 2003, el Ministerio de hacienda concedió seis meses a todos aquellos ayuntamientos que no habían cumplido con la ley de 1987 para que se pusieran al día, “algo que el Ayuntamiento de Santander ha vuelvo a ignorar, colocando a todos los vecinos y vecinas de la ciudad en una situación muy complicada”, ha destacado.

Fernández ha asegurado que el propio reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento contempla la creación de este Tribunal, ya que cuestiones como las Ordenanzas Fiscales deben contar con un informe de este organismo.

Ha lamentado también que cada día amanezcamos en Santander con una noticia negativa que “pone en ridículo la actuación de un equipo de Gobierno que no tiene ni rumbo, que no tiene ideas y que tampoco tiene capacidad para cumplir con la ley, como han hecho el resto de ciudades españolas. Y es que Santander, ha puntualizado, es la única capital de España que no tiene este Tribunal”.

Para Fernández, “es inaudito” que en menos de una semana “los santanderinos descubramos que podemos perder más de 600.000 euros porque no se han tramitado correctamente unas ayudas a los fondos europeos, que nuestra estabilidad financiera está en riesgo si el Alto Tribunal falla en contra del Consistorio, y que sigamos sin tener ni el borrado de Presupuesto para 2022”, ha concluido.

UxS alerta de los servicios públicos pueden verse en riesgo por la injustificable ausencia del tribunal económico administrativo

Por su parte, Unidas por Santander (UxS) considera que la falta de desarrollo en Santander de un Tribunal Económico Administrativo Local, para resolver recursos en materia de gestión en ingresos con carácter previo a la vía jurisdiccional, puede poner en “un riesgo enorme” a los servicios públicos municipales.

En caso de que el Supremo entienda que no hay ninguna justificación para la ausencia de este tribunal en Santander, por todos los acuerdos plenarios aprobados en los últimos trece años, podría llevar a que cualquier actuación de gestión tributaria que no fuera firme porque hubiera sido impugnada podría ser declarada nula”, ha alertado el concejal de la formación, Miguel Saro; lo cual implica que dicho ingreso público que se hubiera liquidado no puede ingresarse en las arcas del Ayuntamiento de Santander.

“Esto causaría una crisis en los servicios públicos municipales de un tamaño imposible de prever, haciendo que cayeran las cuentas de este ejercicio y de los siguientes”, ha opinado Saro, que ha recordado que la oposición ha alertado de la ausencia de este servicio en varias ocasiones durante los últimos años.

“Es un tema que se ha llevado, al menos, tres veces al pleno municipal en los últimos años”, ha incidido Saro, por lo que no concibe que ni el Partido Popular ni su socio, Ciudadanos, “no hayan previsto esta circunstancia”.

Tal y como recuerda la formación, este nuevo suceso no es más que el último que ha salido a la luz de una serie de horrores administrativos que revelan el grado de “despropósito, de torpeza y de ineptitud” con la que gestiona este equipo de Gobierno y todos los anteriores, siempre del mismo color. “A estas alturas, la situación es tal que los perjuicios que se causan a los vecinos de Santander son ya incalculables”, ha matizado Saro.

El PRC de Santander apunta que en 2017 el PP ya rechazó una moción que instaba a la creación de un Tribunal Económico-Administrativo Municipal, tal y como debía estar designado desde 2004 según el propio reglamento de organización y funcionamiento del municipio

 El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha recordado al equipo de gobierno, PP-Ciudadanos, que no solo el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, creado en 2004, sino que incluso una moción llevada a pleno en 2017 instaba a la puesta en marcha del Tribunal Económico Administrativo municipal (TEAM). Una propuesta que fue aceptada por los grupos de la oposición y que contó con el rechazo del PP que votó en contra y la abstención de los por entonces representantes del grupo Ciudadanos.

Según apunta Fuentes-Pila, la citada moción llevada a la cámara plenaria por iniciativa de Santander sí Puede, argumentaba que el ayuntamiento llevaba, por entonces,  “más de 14 años incumpliendo la ley”.

“Este pacto de gobierno empezó mal y lamentable acabará hundiendo a Santander. Es inadmisible los episodios que estamos viviendo los santanderinos y esto tiene que acabar ya antes de que consigan destrozarla del todo”, finalizó.

 

 

 

 

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