Marcos Gutiérrez Sebastián, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria

Nuestra sanidad pública se encuentra en estos momentos en una encrucijada crítica. Tras 12 años de recortes del PP y la sobrecarga de la pandemia ha supuesto que, por ejemplo la Atención Primaria con un gasto del 14% tenga que atender más del 80% de las demandas de salud. Todo ello con falta de personal: se estima que son necesarios 30.000 trabajadores. El desmantelamiento de la Atención Primaria genera que una parte de la ciudadanía contrate seguros privados.

La ausencia de coordinación entre servicios asistenciales tan importantes como la Atención Primaria, hospitales, Servicios de salud pública, trabajo social y atención a la dependencia, debilita los recursos e impide cualquier abordaje ante por ejemplo una nueva epidemia.

Las multinacionales que gestionan en régimen de colaboración público-privada están poniendo todo tipo de obstáculos contra los intentos de revertir al sistema público hospitales que han iniciado esa vía. No va por buen camino el anuncio de la ministra Darias de una Proposición de Ley que pretende blindar la Ley 15/95 de Nuevas Formas de colaboración público-privada (Consorcios, Contratos y Encomiendas de Gestión).

Tras la pandemia es el momento de recuperar el Sistema sanitario Público. Todo ello en un marco en que tanto el Ministerio de Sanidad como las Comunidades Autónomas han reducido el presupuesto de Atención Primaria, destinando los “Fondos Europeos para la Reconstrucción” (casi 1.000 millones de euros) a potenciar la colaboración público-privada, así como la investigación privada con fondos públicos.

Son momentos también para el control y la racionalización del gasto farmacéutico y las nuevas tecnologías. Este gasto se dispara especialmente en los hospitales donde la presión de los lobbies de las industrias multinacionales amenaza con poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Los fondos dedicados a la investigación y a la docencia siguen siendo escasos y en su mayor parte están controlados por fundaciones estrechamente relacionadas con laboratorios multinacionales.

Las prioridades

Hay que volver a el funcionamiento racional y humanizado de los Centros de Salud. Las consultas telefónicas pueden servir para: información, renovación de recetas, bajas, temas burocráticos, el resto de la asistencia ha de ser presencial.

Urge acabar con las listas de espera en Atención Primaria, reabrir los consultorios cerrados en la pandemia.

Un nuevo modelo de financiación autonómica ha de abrirse paso y la Administración tiene que garantizar un incremento de la financiación de la Atención Primaria en torno al 20-25% del gasto total sanitario.

Es muy necesario coordinar los recursos sanitarios, salud pública, dependencia para poder afrontar la pandemia y los determinantes sociales de la salud.

Hay que terminar con el modelo MUFACE e ir caminando hacia la reversión de los centros y recursos privatizados.

La política de personal basada en la inestabilidad y la precariedad de los y las profesionales del Sistema sanitario debilita y devalúa al mismo, al tiempo que desmotiva a los trabajadores.

El descontrolado y disparatado gasto farmacéutico es una auténtica amenaza contra los recursos financieros del Sistema de Salud. Es el momento de crear un Laboratorio Publico que junto a una Agencia Pública sea capaz de potenciar medicamentos genéricos.

La situación del Sistema Nacional de Salud urge abordar ya estos problemas, son las administraciones sanitarias las responsables de su resolución, seremos los y las ciudadanos quienes mediante una movilización social y profesional se lo recordaremos en breve.