El Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) ha recibido 280 solicitudes por parte de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y autónomos para acogerse a su nueva línea de microcréditos. Esta herramienta de financiación, cuyo objetivo estimular el tejido productivo y contribuir a la sostenibilidad de las empresas de la región, aportará a cada beneficiario entre 6.000 y 25.000 euros, en función de las actividades a financiar. El plazo para concurrir a línea de avales, que dispone de 5 millones de euros, bonificados al 100%, concluirá el próximo 31 de marzo.

Para el director del ICAF, Jesús Bulnes, la acogida de esta línea por parte de PYMES ha superado las previsiones iniciales. “De hecho, si se mantiene el ritmo de la última semana, recibiremos en torno a 300 solicitudes cuando se cierre el plazo”, ha indicado.

Según la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, estas herramientas financieras “facilitarán la continuidad de las empresas de la región” y “fomentarán el crecimiento sostenible” del tejido productivo. A día de hoy, el 60% de los solicitantes son autónomos y el 40%, microempresas.

Y es que estos microcréditos financiarán o bien la ampliación y renovación de instalaciones, maquinaria y equipos o bien la contratación de mano de obra y servicios ligados al ciclo de explotación.

“Estamos ofreciendo un producto que cubre una necesidad”, ha remarcado Bulnes, al tiempo que ha indicado que, en los próximos días, se revisarán todas las solicitudes recibidas con el objetivo de comprobar si cumplen con los requisitos de la orden de subvenciones que salió publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Requisitos para solicitar los microcréditos

Para acogerse a estos microcréditos, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos. En el caso concreto de pymes y entidades con menos de diez trabajadores (microempresas), están obligados a acreditar un volumen de facturación inferior a 2.000.000 de euros. Mientras que si son autónomos deben de tener unos rendimientos por debajo de 60.000.

De cualquier forma, quedan excluidas las consideradas ‘empresas en crisis’ y las que incurran en los supuestos contemplados en el artículo 12 de la Ley de Subvenciones de Cantabria. Del mismo modo, los solicitantes no deberán tener ficheros negativos o morosidad bancaria y deberán estar al corriente de pagos con las Administraciones Públicas.

El valor nominal del préstamo se situará entre 6.000 euros y 25.000 euros por beneficiario, sin que en ningún caso pueda superar la suma del 80% de los gastos elegibles derivados de la inversión en activos materiales en inmateriales o el 100% de los que resulten de la contratación de mano de obra y servicios propios del ciclo de la explotación, así como de la adquisición de elementos de capital circulante.

Por su parte, el plazo de amortización de la financiación bonificada se situará entre un mínimo de 3 años y un máximo de 8, en el caso de que el destino de la financiación sea el ejecutar una inversión. Igualmente, se contempla un periodo de carencia de amortización de capital de hasta 18 meses, incluido en ese plazo.

El tipo de interés bonificado será del 100% en el caso de que el solicitante adquiera durante la vida del préstamo la condición de beneficiario y no habrá gastos como comisiones de apertura ni de cancelación anticipada de los préstamos.

Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno de Cantabria a través del Instituto Cántabro de Finanzas ha puesto en marcha varias líneas de actuación dirigidas a mejorar el acceso al crédito de las pymes y autónomos. Entre ellas, figuran el convenio ICAF Avales Covid-19, que complementaba en un 10% la garantía ofrecida por el Estado a través del ICO; la línea ICAF Cultura; o el convenio de ICAF con SOGARCA. Entre todas estas líneas, los beneficiarios han formalizado directamente e indirectamente unas 480 operaciones de financiación por un monto de 48 millones de euros.