Empresas, instituciones y particulares miran estos días sus cuentas para calcular cómo afrontar el impacto en sus economías de la guerra en Ucrania, con un incremento de los precios de los combustibles o la electricidad, a los que se sumaron los derivados del efecto en el suministro de los paros en el transporte y la pesca.

El Puerto de Santander, expuesto por su carácter de foco de comercio internacional a los vaivenes de los mercados globales, es uno de esos entes públicos –aunque tienda a comportarse como un portavoz de intereses de sus operadores, empresas privadas, sigue teniendo un carácter público, que va desde los nombramientos políticos de sus máximos representantes hasta las inversiones que recibe: esta misma semana se conocían fondos europeos para inversiones ferroviarias.

CIFRAS HISTÓRICAS EN «LA CASA DE TÓCAME ROQUE»

Recientemente, la entidad mostraba su preocupación por el impacto de la guerra en sus tráficos, tras presentar  sus resultados del primer bimestre del año, en el que volvía a superar los datos con los que se cerró el año pasado, calificados por el propio Puerto como “históricos”.

Y eso no dejaba de ser una paradoja, pues el Puerto de Santander llevaba meses, prácticamente años, pronosticando el desastre y la pérdida de empresas por esos intentos de accesos de migrantes –fundamentalmente, jóvenes albaneses– que todavía hace semanas seguía presentando públicamente como accesos consumados (se frenan el 98%, según la propia Guardia Civil), lo que le servía para urgir a la extensión a todo su perímetro de unas cuchillas que no usa ningún puerto homologable y al que no se recurre ni para proteger la frontera española de Ceuta y Melilla –a priori, uno diría que con más presión migratoria que un puerto de la capital de una autonomía pequeña–.

Así, la Autoridad Portuaria ha anunciado la revisión del coste de algunos de sus proyectos para adaptarlos ala “cambiante” situación, forzada por el incremento del precio de las materias primas, en especial del acero.

¿QUÉ HACEN LAS EMPRESAS INVIRTIENDO EN UN «COLADERO» DE «MAFIAS»?

Proyectos como la ampliación en altura del silo de automóviles y la construcción de una rampa RoRo en los Muelles de Maliaño son los proyectos afectados por una revisión al alza de sus costes.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y varios consejeros, asisten a la colocación de la primera piedra de la terminal de contenedores.
21 FEBRERO 2021 © Miguel De la Parra

La rampa RoRo, por ejemplo, supondrá una inversión de 55 millones de euros, y el silo de automóviles, de 50,4 millones euros. Es decir, ambas inversiones superan los 100 millones de euros.

Al igual que con el inicio de los trabajos de la terminal de contenedores de Boluda –grupo empresarial liderado por un expresidente del Real Madrid, a quien a priori no veríamos haciendo una mala inversión–, sorprende que haya empresas que se decidan a invertir en un Puerto definido por distintos partidos, del PRC al PP, rebotando argumentario del Puerto, como “la casa de tócame roque” en la que “todo el mundo entra como Pedro por su casa” porque además era el “campo de trabajo de las mafias” –como llegó a decir el mismísimo concejal de policías de Santander–.

Es decir, ¿qué seguridad jurídica y confianza para sus inversiones ofrece a una empresa privada el tener un recinto que es asaltado continuamente? La respuesta lógica a ese panorama sería no invertir o hacerlo en otro lugar, máxime cuando quien pinta ese panorama es el propio Puerto o partidos importantes de la comunidad.

Incluso se planifica una nueva rampa RoRo flotante, como nueva estación para los ferries de Santander, aquellos cuya marcha (en especial la de Britanny Ferries, referente cotidiano en el paisaje de la Bahía de Santander) se pronóstico cuando trasladó una línea a Bilbao, que había instalado a modo de prueba en Santander en un cambio que la propia compañía había justificado como la mayor preparación del puerto vecino –evidentemente más grande y en un entorno, el País Vasco, más competitivo—para los retos del Brexit.

En su comunicado, la consignataria no aludió nunca al problema de los “polizones” (sic, si no embarcas no llegas ni a ser polizón) que los demás actores políticos pusieron en su boca. Nuevamente, con esta rampa RoRo para ferries, se realiza una inversión que contradice el discurso oficial: si el Puerto es un desastre en peligro permanente de fuga de líneas marítimas, ¿cómo es que se gasta dinero en mejorar las instalaciones?

Son tiempos de grandes retos: la Unión Europea prepara fondos extraordinarios y piensa medidas para la regulación de la energía, el Gobierno central anuncia millones en ayudas económicos a sectores afectados y el de Cantabria trabaja también en ayudas y en una modificación de los presupuestos autonómicos, apenas aprobados, todo mientras se afronta el reto humanitario de la acogida a refugiados que ha hecho caducar los discursos antimigrantes.

UN BAÑO DE REALIDAD

Todo un baño de realidad para el Puerto de Santander, tras meses en los que presentó a un grupo de jóvenes migrantes que se alojaban en un edificio abandonado sin siquiera agua (el “Hotel Piojos”) como toda una amenaza para quien a la vez que esgrimía esa debilidad se reivindicaba como uno de los principales motores de la economía de Cantabria. El motor y algunas de las empresas más potentes de la comunidad, amenazadas por un grupo de jóvenes.

Y el Puerto era incapaz siquiera de mantener sus propios falsos dilemas: primero eran imprescindibles las concertinas –nadie las usa, ni la frontera sur española–, después lo que hacía falta era justo lo que no dependía de ellos. Es decir, más Guardia Civil, en lugar de la seguridad privada, policía portuaria y medios tecnológicos que el Puerto de Santander conoce por haber llevado a la práctica en los últimos años, con la eficacia probada en la reducción de accesos consumados.

Por si no valieran los reiterados llamamientos de Pasaje Seguro, Cáritas, Juventudes Socialistas de Santander, Izquierda Unida o No Name Kitchen —incluso el protagonismo especial que tuvieron las concertinas en el último 8 de Marzo-, la propia Guardia Civil se vio obligada a reivindicar su trabajo y recordar que ya se frenan el 98% de los accesos no autorizados, en un índice de eficacia que para sí quisieran muchos comisarios o responsables de cuarteles de la Guardia Civil en la comunidad.

Pero sus propias competencias no servirían como herramienta de confrontación frente al Gobierno central (Puertos del Estado), en una extensión del argumento recurrente del PRC en el debate político cántabro que no hace sino evidenciar que en el Puerto no se hacen sólo negocios, sino política. Y ahora toca la que se basa en problemas de verdad.