Un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Cantabria, con contratos laborales vinculados a las ayudas para jóvenes doctores ‘Margarita Salas’, financiadas por el Ministerio de Universidades, gracias a los fondos europeos ‘Next Generation’, denuncian que «la UC no está cumpliendo con las condiciones laborales de los contratos haciendo que recaiga sobre los trabajadores los costes patronales que debería asumir la empresa contratante, en este caso la universidad».

A través de un comunicado denuncian que Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, del Ministerio deja claro que «las cuantías mensuales de las ayudas para la modalidad de las ayudas Margarita Salas es de 3.500 euros brutos para los que soliciten realizar la estancia en el extranjero, y de 2.800 euros brutos para los que la realicen en España».

Sin embargo, la Universidad de Cantabria “ha retorcido la ley” para que la cuantía bruta efectiva que reciben los investigadores contratados con esta ayuda no sea de la citada cuantía, sino que «se ha reducido en más de un 32% al detraer la Universidad de estas cantidades, su aportación a la Seguridad Social y el coste patronal. Esto contando con que hay que descontar además la cuota obrera correspondiente y el IRPF al tributar en España de la cuantía bruta mensual».

Consideran que se debe «tener en cuenta que los beneficiarios de estas ayudas perciben un salario fijo que, en muchos casos, es insuficiente para cubrir los gastos propios de una movilidad, teniendo en cuenta sus responsabilidades económicas previas». Además, creen que «al hacer a los beneficiarios de las ayudas cargar con los costes patronales, la Universidad de Cantabria está cambiando las condiciones contractuales respecto a lo dictado por el Ministerio de Universidades, precarizando sus salarios llegando los candidatos incluso a renunciar a ellas».

Estos jóvenes doctores han hecho llegar tanto a la Universidad de Cantabria como a la Consejería de Universidades del Gobierno de Cantabria, la petición de que la Administración complemente sus salarios para compensar la «irregularidad nunca vista» de que sean ellos quienes tengan que cubrir los costes patronales, como han hecho otras universidades.