La Librería La Vorágine, la Red Cántabra Contra la Trata y la Explotación Sexual y la Asociación Consuelo Berges han colaborado para poder tener en Santander a Rosario Carracedo, que lleva ya décadas en el esfuerzo de hacer entender que la prostitución es un problema que se debe erradicar. Y también décadas de lucha desde el colectivo estatal, una amalgama de varias asociaciones abolicionistas que trata de convencer al Gobierno para aprobar una ley que sea un impulso más decidido hacia la igualdad de las mujeres en nuestra sociedad.

Sin embargo, Carracedo no ve simplemente un problema legal. Con una nueva ley se puede avanzar mucho, pero le gusta incidir en que la sociedad debe incorporar el rechazo hacia la dominación de un hombre hacia una mujer a cambio de dinero.

Uno de los cambios a producir debe ser el del lenguaje mismo. De hecho, no le gusta la palabra prostitución. «El término prostitución es insuficiente para definir lo que sucede» en el ámbito de una relación en que el cliente se cree con el derecho a someter a una mujer a sus propios deseos. «Si un hombre no se cree superior, hegemónico, no se podría ejercer esa práctica», afirma.

Cuando repasa incluso documentos de instituciones supranacionales que procuraban avanzar en la defensa de las mujeres prostituidas, se ha encontrado con expresiones que servían para validar el sistema tal como sigue estando montado. Por ejemplo, referirse a prostitución forzada, excluyendo a muchas mujeres que pareciera que hayan elegido por sí mismas y descartando otras alternativas. Es decir, se distingue la trata y la prostitución. «Hay una idea de que la trata es reprobable, pero no el consumo de los cuerpos de las mujeres», explica en la charla. Y prosigue señalando que «esto tiene un efecto en la percepción de la ciudadanía y en las políticas públicas».

Por eso esta activista considera que «es necesario que los puteros no se desentiendan de sus prácticas». Es por ello necesario el reproche de carácter penal, para que vean que ese comportamiento violento hacia las mujeres debe tener consecuencias importantes. Y también cree necesario que se debe reflexionar sobre el gasto que hacen los consumidores de ese mal llamado oficio, porque «su dinero anima a esta industria criminal» y es la prostitución lo que precede a la trata de mujeres. «La trata es el sistema de captación, pero si no hubiera oferta de mujeres, no existiría el mecanismo» que las conduce a trabajar en zulos, en pisos o en la calle, con el añadido de que varias de las mujeres que entran en todo este gran entramado son menores de edad.

Entrando en el tema legal, Carracedo piensa que en España se cometió un error con el cambio del Código Penal en 1995, porque desaparecían muchas de las prácticas que están ligadas con el proxenetismo. Ello provocó un aumento de locales de alterne (26% entre 1999 y 2002) y también el número de habitaciones y espacios donde se ejercía la prostitución.

Al producirse este hecho, la industria del sexo ha ido cogiendo más poder hasta convertirse en un lobby que ejerce una fuerte presión y que tiene mucho músculo económico para ejercerla, tanto dentro de los países como a nivel internacional. La PAP ha llevado a cabo algunas acciones judiciales, y encontró resolución favorable de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo en su demanda frente al sindicato ‘Las otras’, que pretendía blindar una relación laboral de las mujeres prostitutas, pero ambos tribunales llegaron a la conclusión de que «la prostitución no podía ser objeto de un contrato de trabajo».

PROPUESTA DE LEY

A la hora de elaborar esa propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), fruto de un «activismo coral», como lo define Carracedo, han establecido como principios básicos que hay que «impedir el desarrollo de la industria del sexo y la actividad económica de quien promueve la prostitución, plantarse ante el proxenetismo, mirar sin reprobación a las mujeres y castigar a los puteros». En este último aspecto, han tomado como referencia la ley sueca de 1999, la primera que atacaba a los consumidores con sanciones punitivas.

La activista lamenta que han tratado de reunirse dos veces con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero en ambas ocasiones encontraron una negativa por respuesta. Sí lograron reunirse con Irene Montero, la ministra de Igualdad. Les prometió estudiar su propuesta, pero ya no ha habido más contactos.

En cuanto a la protección de las mujeres explotadas sexualmente, parten de la premisa de que, si hay prostitución, necesariamente hay una desigualdad, por lo que se rompen los derechos fundamentales de esas mujeres.

La propuesta de la LOASP incluye un derecho de reparación integral a las mujeres supervivientes de la explotación sexual. También a que reciban atención psicológica, jurídica y a nivel de servicios sociales, siempre buscando que puedan tener una puerta de salida de su situación mediante una reinserción laboral o, como mínimo, percibiendo el Ingreso Mínimo Vital para empezar a rehacer su vida. Y se incluye también que el Estado tenga que ser responsable civil subsidiario para los casos en que un proxeneta obligado a indemnizar a mujeres víctimas de su actividad se declaren insolventes. En la propuesta, PAP añade que esas mujeres deben obtener el reconocimiento de ser víctimas, pero no obligatoriamente a través de una sentencia judicial, sino que cualquier institución pública o una ONG que trabaje con esta clase de víctimas puedan dárselo también porque, si no, las mujeres que no pongan una denuncia nunca podrán recibir ese estatus.

En la LOASP también se prevén labores de prevención, sensibilización y formación. Una forma de concienciar para que cada vez sean menos las mujeres que acaben siendo explotadas al no ver alternativas plausibles y menos también los demandantes de lo que se denomina a menudo como trabajo sexual.

En cuanto a la penalización de los puteros, también creen necesario que si un consumidor es funcionario, se le prohíba atender a mujeres víctimas en su trabajo.

También proponen, y lo llevan haciendo bastantes años, un cambio en la ley de publicidad, para que no se puedan seguir exhibiendo anuncios relacionados con la prostitución, como los que han llenado páginas y páginas de periódicos a lo largo de los años y que, sise han reducido hoy en día es «por una cuestión de mercado», asegura Carracedo.

Finalmente, la portavoz de PAP ha pedido que todas las personas que puedan se sumen a la manifestación convocada en Madrid el próximo sábado, 28 de mayo, y a la que van a acudir numerosas asociaciones de varios territorios de España. La movilización partirá la Plaza de Cibeles a las 12:30 del mediodía rumbo a Plaza de España. «La ciudadanía es la que debe tratar de cambiar esto», concluye carracedo.