El Puerto de Santander ha admitido ante el Defensor del Pueblo que las concertinas, el sistema de cuchillas que durante meses invocó como única solución contra los accesos no autorizados a sus instalaciones,  no es necesario.

El Defensor del Pueblo, organismo estatal al que se dirigen los ciudadanos ante abusos y malas prácticas institucionales, ha afeado en un escrito al Puerto de Santander la poca proporcionalidad con los derechos humanos que supone este sistema.

El Puerto responde a ese informe y al Defensor del Pueblo, a su vez, le replica, zanjando el debate en una respuesta a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

El propio Puerto recuerda, por un lado, que quedó desierta la licitación del suministro de las concertinas para todo el perímetro (inicialmente las puso en una parte que suponía el 7,5% del recinto): es decir, ninguna empresa quiso instalarse.

Asimismo,  el Puerto informa al Defensor del Pueblo que se ha aprobado la contratación de vigilancia privada de apoyo a la seguridad del puerto y que esta se hará efectiva de forma inminente.

Durante meses, el Puerto de Santander –y todos aquellos que se dedicaron a replicar y expandir sus argumentarios, aunque perjudicaran la imagen de la entidad– aseguró en público que las únicas formas de frenar los accesos eran las concertinas o cuchillas para luego pasar a decir que sólo podía resolverse con policía nacional o guardia civil, es decir, con recursos estatales en lugares de con la seguridad privada cuya contratación dependía de ellos.

Hay más: el Puerto explica al Defensor del Pueblo que se ha dado una mayor presencia en sus instalaciones  de dotaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad pública, custodia de puertos y control de entrada y salida del territorio nacional de españoles.

Es lo que, mientras el Puerto reclamaba una mayor presencia policial que aseguraba que se le negaba y que era la única fórmula para evitar las concertinas, le trasladó la propia Guardia Civil, cuando confirmó que sus efectivos ya impedían el 98% de los accesos, una efectividad de prácticamente el 100%.

En consecuencia, el Puerto  determina que “razonablemente, no subsistan las circunstancias que justificaron la necesidad de la contratación de los citados «elementos de anti-acceso perimetrales»; por lo que manifiesta la Autoridad portuaria que no se prevé una nueva licitación a corto plazo de las concertinas.

EL PUERTO DESMONTA SU PROPIO ARGUMENTARIO

El Puerto zanja así años de quejas sobre los accesos de lo que llamó “polizones” (pese a que en realidad no conseguían acceder a los barcos, que es la definición de polizón) y casi un año de debate en torno a las concertinas desde que las instaló en parte del perímetro y planeó extenderlo al conjunto para evitar la constante ruina que predecía.

Un «coladero», la «casa de tócame roque», el «campo de trabajo de las mafias», todo eso se añadió desde el Ayuntamiento de Santander, o en el Parlamento el PP, el PRC o la tránsfuga Marta García, mientras la defensa de los derechos humanos corrió a cargo de colectivos como Pasaje Seguro, Amnistía Internacional, No Name Kitchen, Cáritas, el colectivo Noviolencia, Izquierda Unida, Juventudes Socialistas de Santander, Unidas por Santander o el PSOE en el Parlamento.

Predicciones, las de los problemas para las empresas del Puerto si no se ponían concertinas, que no sólo ha desmentido la realidad de las inversiones anunciadas, las empresas instaladas y las previsiones de llegadas de cruceros, sino que escondían una incoherencia argumental: dado que sin la extensión de las cuchillas al perímetro sólo las había en un 7,5% de su extensión, quedaba todo el resto libre para los accesos incontrolados que provocarían la ruina del Puerto que en todo este tiempo –que ha incluido la postpandemia y los efectos de la guerra- nunca llegó pese a estar todo el terreno libre.

EL PUERTO LO VEÍA COMO PROPORCIONAL

Inicialmente, el Puerto de Santander trató de rebatir al Defensor del Pueblo con un informe en el que defendía las concertinas como una medida “proporcional” con el respeto a los derechos humanos.

El Defensor del Pueblo considera que el uso de estos medios de contención, teniendo en cuenta los potenciales daños que generan para la integridad física de quienes pretenden entrar de forma irregular en el puerto de Santander, se aleja de los instrumentos de racionalización de la proporcionalidad a la que se refiere la Administración en su informe.

Así, índica, tras cotejar toda la documentación trasladada por el Puerto, en que “no se ha valorado la posibilidad de sustituir estos mecanismos por la instalación de una estructura de barrotes o corona metálica, como así se realizó en Ceuta y Melilla en las zonas del vallado más vulnerables a los saltos”.

En ese informe se enumeraban distintas fórmulas, como el refuerzo de la seguridad privada o sistemas de vigilancia, con las que la Autoridad Portuaria trató de evitar los accesos no permitidos, lo que contrasta con el discurso público en el que aludía a las cuchillas como única posibilidad de evitarlos.

La propia realidad ha desmentido esa tesis en las que insistió: no sólo porque el resto de puertos con problemas de accesos no autorizados no las use, sino que el propio Puerto –cuyo discurso de las concertinas como única solución evolucionó luego a los cuerpos de seguridad estatal como única solución– ha acabado licitando la contratación de sistemas de seguridad o seguridad privada.

UNA PROTECCIÓN CONTRA MIGRANTES QUE SUPONE SU CRIMINALIZACIÓN

En su respuesta a Pasaje Seguro, el Defensor del Pueblo advierte de una “interferencia injustificada de la dignidad humana al establecer un mecanismo de control que pone en grave peligro la vida y la integridad de los inmigrantes” (quienes trataban de acceder eran fundamentalmente ciudadanos albaneses que trataban de acudir a Reino Unido donde están sus familias, y mientras lo intentaban permanecían en un edificio abandonado en Nueva Montaña, sin siquiera agua ni la mínima higiene, conocido como Hotel Piojos. Recientemente, un documento municipal les tachaba de «okupas» (sic).

El Defensor del Pueblo alerta de que la protección de accesos se hace frente a propósitos migratorios (accesos de extranjeros, como admite el Puerto en su informe de respuesta, si bien dice que también puede haber otros fines no migratorios).

Por lo tanto, se trata de un “instrumento de criminalización” de las conductas migratorias que va más allá de una sanción administrativa con la que se abordan estos incumplimientos.

El Defensor del Pueblo pone contexto a los intentos de accesos: “el estado de necesidad o el miedo insuperable derivado de sus situación de vulnerabilidad en su países de origen, genera una objetiva limitación del dominio de su voluntad que les lleva a intentar sortear cualquier obstáculo de contención por muy lesivo que pueda resultar, siempre que sea compatible con la posibilidad de finalizar con éxito su periplo migratorio”.

El Puerto aseguraba que estos elementos, las alambradas con cuchillas, no tenían que cumplir la normativa urbanística autonómica, que prohíbe los cierres construidos con malla de alambre electrosoldado, alambre de espino u otros materiales análogos susceptibles de general daños, remitiéndose a otra legislación. Pero el Defensor del Pueblo le replica que en la aplicación de la normativa hace falta aplicar un “punto de vista ético en el ámbito de la protección de los derechos humanos que para esta institución no puede resultar indiferente”, recordando por ejemplo resoluciones de Naciones Unidas sobre el trato a migrantes en aeropuertos.