La lucha contra el fracking se mueve en bicicleta y siguiendo el curso del río Pas, que abastece a toda la zona del arco de la Bahía, incluida la capital.

Se teme los efectos de la fractura hidráulica sobre la calidad del agua, y es uno de los principales argumentos que manejan todos los colectivos y ciudadanos que luchan contra esta técnica de extracción de gas natural del subsuelo, que se apoya en el uso de gases y agua con aditivos químicos para romper, fracturar, la roca, y liberar el gas.

Los activistas antifracking de todo el mundo tenían este sábado una cita global: el día internacional de lucha contra la fractura hidráulica.

En Cantabria, la protesta ha tenido dos escenarios muy simbólicos:

-Santander, la capital, donde vive una tercera parte de la población de Cantabria, y cuya persuasión es clave para hacer entender que el tema del fracking no es un problema exclusivo de las zonas rurales en las que se planean proyectos

-Y San Martín de Toranzo,no sólo por ser el origen del abastecimiento de agua a la capital, sino porque allí se percibe como en ningún sitio la inminencia de esta práctica. La zona se enmarca dentro del permiso Luena, concedido a Repsol, que se prepara para los sondeos previos, los que servirán para comprobar si hay gas que sacar.

Ambas localidades quedaban unidas no sólo por el tema del abastecimiento, sino por la ruta en bicicleta que siguieron más de 300 personas,  y que seguía el curso del río por cuya salud se teme.

El curso de la protesta desembocó en Santander, en la Plaza Porticada, donde los bicimanifestantes eran recibidos entre protestas, y se concentraron hasta 500 personas.

Lo cierto es que sea en bicicleta, en congresos o desde los escaños, el fracking está haciendo avanzar a unos y otros:

-a los activistas, que redoblan sus esfuerzos trabajando en la divulgación

-al lobby, que también se está trabajando la didáctica, preocupado porque se ha extendido la versión contraria a sus intereses.

-y a las instituciones, en sentido contrapuesto, que legislan sobre la técnica, para reconocer y regular su existencia (Congreso y Senado), o para prohibirlo, caso de la ley cántabra sobre la que los más pesimistas creen que caerá un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central.