En el nuevo modelo económico en el que nos adentramos, ese en el que los fondos financieros, oportunistas o buitre van poco a poco sustituyendo a los bancos y ganando posiciones en todos los sectores, porque es donde está el dinero, sigue vigente el peso de los rescates públicos al sector privado, porque ahí también es donde está el dinero.

Más aún en un contexto como el mundo post-covid, en el que de los ERTEs –el pago de los sueldos de las empresas por parte de todos los contribuyentes—a ayudas específicas –de sectores concretos como la cultura o el comercio o los descuentos en el combustible- consolidaron el papel de lo público en el mantenimiento de lo privado, sobre todo teniendo en cuenta el precedente del rescate bancario de la anterior crisis.

Y dado que el mundo productivo, desde la vivienda –que fue el principio- a la industria pasando por el turismo, las residencias o la belleza- empieza a tener fondos everywhere, era inevitable que, al igual que el resto del sector privado, desde los nuevos señores de la economía, también se acuda a las inyecciones de dinero público, bien a base de ayudas directas o de créditos concedidos desde las instituciones en condiciones que no manejaría la banca privada –una paradoja dado que son los fondos los que inyectan dinero o compran en sectores, en muchas ocasiones por encima de los bancos-.

De hecho, empresas en manos de fondos fueron las grandes protagonistas del mecanismo especial habilitado desde el Gobierno central a través de la SEPI, empresa pública.

Sin olvidar el caso del mayor de ellos, el del Grupo CELSA, dueño en Cantabria de fábricas como GSW, la antigua Nueva Montaña Quijano —en el que se vive una pugna en torno a su propiedad tradicional, la familia Rubiralta, y los fondos que al comprar una deuda que no se adquirió con ellos se convirtieron en acreedores– , de hecho, siendo estrictos, más que de fondos, en la última tanda, el pasado mes de junio, habría que hablar de fondo, en singular: Portobello, que en Cantabria es importante –aunque no tan conocido públicamente- por tener un activo tan importante como la gestión de parte de los servicios, los no sanitarios, de un emblema económico y sentimental de esta tierra como es el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Hasta 123 millones de euros a través de distintos mecanismos de rescate acapararon distintas empresas participadas por Portobello, que lleva menos de un año gestionando la parte no sanitaria de Valdecilla –seguridad, informática, alimentación…  y con el matiz que reflejaba el propio contrato de que en un engranaje como es este centro lo no sanitario influye en lo sanitario –ejemplo que citaba el propio contrato, el suministro eléctrico a los quirófanos-.

Esto fue posible por una venta de su división de servicios del adjudicatario inicial, Ferrovial, que en su día logró el contrato dentro de la fórmula habilitada por el Gobierno del PP de que la empresa que acabara las obras, atascadas desde hace años, y a cambio gestionaría los contratos de empresas externalizadas que prestaran servicios no ligados a lo estrictamente médico.

La sombra del rescate planeó siempre sobre la operación con Ferrovial: entre los críticos, desde los partidos de oposición a movimientos sociales como Cantabria por lo Público o los sindicatos, latió el temor a que gestionar parte importante de un servicio esencial entre los servicios públicos y para Cantabria como es Valdecilla le diera un poder negociador que le permitiera acudir a inyecciones públicas cuando la gestión fuera mal.

Es lo que a Portobello le ha sucedido ya en otras de sus singladuras empresariales, como se  ha puesto de manifiesto en el reciente rescate de la SEPI, el de junio.

-25 millones fueron a parara la cadena hotelera Blue Sea Hotels,

-Y otros 40 a la cadena dental Vivanta, con parte de su gestión pendiente de procesos judiciales.

-Un mes antes, fue Mediterránea de Catering, servicio de restauración con mucho peso en lo sanitario, la que se acogió también al rescate en forma de crédito de la SEPI, por un valor de 28 millones de euros.

-Y en junio otra división del grupo, Sidecu, que gestiona la cadena de gimnasios Supera, se acogió a uno de los préstamos que concede un fondo estatal del Ministerio de Industria, COFIDES (no confundir con los prestamistas privados COFIDIS). Este fue por un importe de 15 millones de euros.

De modo que, en total, los distintos préstamos concedidos al fondo Portobello desde lo público como forma de inyectar liquidez a empresas en apuros -en principio- por las consecuencias de la COVID en su actividad ascienden a 108 millones de euros.