El PSOE y Unidas por Santander afirman que el minizoo de la Magdalena es ilegal y proponen que se cierre porque incumple con las leyes que regulan el bienestar animal y el propósito de los zoológicos.

En esta línea, han registrado una moción al Pleno de agosto para que se convoque un concurso de ideas y se abra un debate público para dar un uso cultural y educativo a un recinto que ha funcionado de manera ilegal, que presenta graves deficiencias, y que, en su opinión, «nunca debió abrirse por ser una excentricidad».

El portavoz del Grupo Socialista, Daniel Fernández, y el concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, han exigido a la alcaldesa, Gema Igual, «que vuelva a la legalidad, que cumpla con las leyes y que deje de manipular a la ciudadanía y de persistir en una idea que siempre fue desacertada».

Han recordado que ya presentaron una moción en 2020 para que se cerrara el recinto tras la alarma generada por la difusión en redes de varios animales en mal estado y han destacado que nada ha cambiado en estos dos años.

Así, han lamentado que el PP y Ciudadanos insistan en mantener el recinto, a pesar de que se haya verificado gracias a los informes del comité de expertos, «que el minizoo no cumple con los requisitos exigidos por Ley a un zoológico».

Tanto Fernández como Saro plantean un periodo de transición en el que se genere un debate público de expertos, previo al concurso de ideas, para decidir el mejor destino del minizoo garantizando la vida digna de los animales.

Ambos han recordado que el resto los grupos municipales que no forman parte del equipo de Gobierno han tenido acceso, previo requerimiento por escrito, a los informes del grupo de expertos a quienes se les encargó que hicieran una evaluación de las instalaciones y de los animales.

Y han asegurado que en estos informes de los expertos «se constata que prácticamente todos los recintos presentan deficiencias, algunas graves, que no garantizan el bienestar de los pingüinos, focas y leones marinos que allí se encuentran, además de no tener una finalidad que sea útil para la sociedad como atender a fines de conservación, educativos y de concienciación de protección a la diversidad».

En el mismo sentido se ha manifestado la Federación Defensa Animal de Cantabria (DEAN), que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Santander por incumplir la Ley de conservación de la fauna silvestre en los zoológicos y ha advertido de las dificultades y trabas del Consistorio para poder acceder a los informes.

Falta de trasparencia del PP y Ciudadanos

«El PP habla de transparencia, pero los hechos demuestran que hacen lo posible para entorpecer la labor de fiscalización que tiene la oposición, y también para evitar que se conozcan datos y asuntos que no le benefician frente a la ciudadanía, como es el caso del contrato de basuras o los informes del minizoo. Cada vez que tenemos que acceder a una documentación, que debía ser pública, hay que solicitarla por diferentes medios y nos dificultan el acceso todo lo que pueden», ha criticado Fernández.

Para Fernández, pese a que se ha reducido la capacidad de este minizoo, que llegó a albergar a osos polares, «aún siguen habitando especies que no deberían estar allí. Empeñarse en mantenerlas sin garantizar su bienestar es persistir en un error y en un proyecto que jamás debió llevarse a cabo por lo excéntrico e inadecuado».

Asimismo, ha lamentado el elevado coste anual que supone, unos 480.000 euros, unos 30.000 euros por animal al año, «que no revierte en la calidad de vida del animal, ni en una experiencia para el visitante, ni en aportaciones importantes para proyectos in situ de conservación, según los informes».

Por su parte, Miguel Saro ha indicado que «es tiempo ya de asumir la responsabilidad de buscar una alternativa al espacio que ocupa el minizoo salvaguardando la integridad de los animales, y hacerlo a través de un proceso público y transparente, lo contrario de lo que ha hecho el gobierno municipal, que ha ocultado las consideraciones e informes del comité de expertos propuestos por la alcaldesa al conocimiento público».