La comisión de investigación del contrato de las basuras en Santander está remarcando la confusión entre equipo de Gobierno, partido e institución (el conjunto del Ayuntamiento) en que vive el PP santanderino tras décadas en el poder. E incluso entre el Pleno, en el que hay más partidos y donde entran en liza las mayorías y los votos.

Allí, en el Pleno, es donde los demás partidos del Consistorio han aprobado, pues los votos les daban –esta vez ni con tránsfugas, como la pasada legislatura, tiene el PP la mayoría–, la modificación del reglamento –las normas de funcionamiento del Ayuntamiento- para que se puedan desarrollar comisiones de investigación como las que son habituales en otras instituciones y ciudades. Y que en Santander no se ha contemplado pese a la experiencia acumulada de gestión a la que siempre se remite el PP. En este caso, sería para conocer más detalles que expliquen la evidencia de la suciedad en las calles, que persiste pese incluso al cambio de empresa adjudicataria –la anterior, la histórica Ascan-Geaser, del Grupo Sadisa–.

Ahora se ha emitido un decreto de Alcaldía ha anulado la convocatoria de la comisión, consecuencia del cambio reglamentario que permitió crearlas. Es un decreto de Alcaldía que responde a un recurso contra una decisión plenaria presentado por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y para el que se argumentan informes juridicos municipales (en un recurso, el de la legalidad, que se esgrime en una mala semana judicial en el tema de las basuras, con nueve sentencias a favor de la empresa y en contra del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento no espera a una futura respuesta judicial, y eso que la justicia ya le ha dicho que procedía seguir con el proceso de la comisión, cuando intentaron anularla a través de medidas cautelares.

Los servicios jurídicos a los que aluden hablan de una resolución “nula de pleno derecho” sin esperar a las sentencias sobre el fondo del asunto y dictaminan sobre lo que era un trámite que el secretario del Pleno pedía que diera paso al inicio de los trabajos.

De hecho, en el pleno, con informes específicos, ya se han desestimado recursos del PP contra el resto: ahora a través de la institución intenta culminar lo que no consiguió con los votos. El secretario, es más, pidió que se empezara con la comisión, y desestimó el recurso.

El daño “irreparable” e “irremediable”, argumento en base al cual la Justicia  –que no la institución– suele adoptar medidas cautelares, es para el Decreto de Alcaldía que la celebración de la comisión atacaría a los derechos de la concejala Rojo.

A la confusión entre institución y partido (por un lado, el equipo de Gobierno, y no íntegro, pues Ciudadanos está en el frente pro-comisión, pleitea contra el propio Ayuntamiento, contra la mayoría expresada en el Pleno, pero también pleitea el PP, cuyo grupo municipal funciona con recursos públicos con los que un partido, el PP, está llevando a los tribunales a la institución) ayudaba este martes la inmediata reacción de valoración del partido en un segundo comunicado.

Y en ella, el portavoz del PP, César Díaz –que de hecho ha recurrido alguno de los pasos de este proceso–, insiste, como el equipo de Gobierno, con los mismos argumentos aunque con tono más agresivo, en recurrir a la figura del secretario jurídico.

Y eso pese a la acumulación de sentencias judiciales en contra por todo lo relacionado con las basuras (las conocidas estos días por las deducciones aplicadas incorrectamente, pero  también hay que tener en cuenta que la Justicia ya rechazó el intentó de paralizar judicialmente con medidas cautelares,

Pagar lo mismo por un servicio mal prestado no es pagar de más: la tesis del PP ante las sentencias que pierde frente a la empresa de las basuras

Paradójicamente, es el PP el que invierte los términos y acusa a la oposición y su socio de Gobierno de “huida hacia adelante” –cuando de hecho está reaccionando a una decisión propia, no de ellos—con la comisión, además de incluso actuar contra la ley (recordamos que venimos de la semana en que se conocen hasta nueve derrotas judiciales para la ciudad por decisiones del PP).

La argumentación del PP, en todo caso, nunca aclara por qué,  al margen de rechazar la comisión de investigación (la modificación del reglamento que la permite, ya que tras décadas de gobierno `popular’ esa figura común a nivel estatal, autonómico y de otras ciudades) que plantean los demás , no aprueba la suya directamente. El mismo comunicado dice que no están en contra de las comisiones de investigaciones, nada le impide una modificación del reglamento por iniciativa propia que las permite.

El PP, además, sigue considerando –en una argumentación que rechazarían si se les trasladara en el Parlamento de Cantabria o el Congreso de los Diputados– que el trabajo en una comisión temática es equiparable al de una comisión de investigación (lo que lleva a preguntar para qué existen entonces las comisiones de investigaciones en otras instituciones y por qué las pide el propio PP). En las comisiones los partidos citan, diseñan calendario de trabajo y además se retransmiten. Nada de eso sucede en una comisión temática.