VIENE DE : Las dificultades para testificar se traducen en menos condenas || La Fiscalía pide recursos especializados para víctimas de explotación con discapacidad

 La última memoria de la Fiscalía Superior de Cantabria, la de 2021, consultada por EL FARADIO, viene detectando distintas situaciones de desprotección de las mujeres víctimas de explotación sexual o trata: desde las consecuencias de sus dificultades para declarar como testigos hasta lo que les sucede a las mujeres con discapacidad o la necesidad de una atención más personalizada en el turno de oficio.

El contacto con las ONGS lleva a la Fiscalía a  conocer otras realidades en torno a la prostitución:  las trabas administrativas y de documentación con las que se encuentran las mujeres, mayoritariamente extranjeras para regularizar su residencia, y en ocasiones la de sus hijos menores.

Y mientras la preocupación general es el incremento de precios, en la prostitución se está detectando el fenómeno inverso, una reducción de los precios que pagan –en última instancia a los explotadores– los hombres que recurren al sexo pagado.

Así, en la Fiscalía “sorprenden” las dificultades que tienen para acceder a las ayudas económicas que muchas de ellas han solicitado ante la bajada del precio de los servicios sexuales tras la pandemia, dadas las “exigentes” condiciones que se les impone por la administración prestadora de la ayuda.

Una ayuda que es necesaria para su supervivencia sin ingresos por el cierre de los clubes, pero también como forma de aguantar mientras encuentran otra forma de conseguir ingresos. Conseguir un trabajo que les permita salir de clubes, pisos y redes de explotación es señalado por las ONGS, como Nueva Vida, como clave en la lucha contra la prostitución y es objeto de iniciativas públicas o privadas.

Por ejemplo la ONG APLEC Cantabria detalla que en 2021 estuvo en contacto con más de 400 mujeres víctimas, de las cuales solo 41 cumplían los requisitos exigidos para la concesión del ingreso mínimo vital, una ayuda a quienes no tienen ingresos, que fue clave en la pandemia para aquellos que, por distintos motivos, no podían acogerse a los ERTEs. Y finalmente sólo se le ha reconocido la prestación a 4 de ellas. 4 de 400.

Además, denuncian son muchos los obstáculos que encuentran en el ámbito laboral para acceder al mercado “regular” de trabajo.

Y también estas organizaciones comprueban los problemas que la “movilidad” entre comunidades autónomas genera a la hora de tramitar solicitudes de protección internacional, ayudas económicas o realizar gestiones en extranjería.

OTRAS DIFICULTADES: DEL ACCESO A LOS PISOS A LAS INSTRUCCIONES COMPLEJAS

El incremento de la explotación en pisos a raíz del cierre de los clubes choca con las dificultades para entrar en las viviendas, ya que a los clubes al menos se les podía atacar por las normas laborales, origen de bastantes sentencias.

Es lo que se llama “tercería locativa”, que para que pase a ser delito pasaba por la condición de que los dueños de los locales o pisos participaran en los abusos y control, más allá de, supuestamente, cederlos o alquilarlos. Ese es el factor que puede cambiar con la Ley Integral de Garantías de la Libertad Sexual, todavía en trámite parlamentario, que “puede suponer un cambio de escenario”.

Finalmente, llaman la atención sobre como muchas veces instrucciones –la parte previa a la celebración de un juicio- complejas, que incluyen desde vulneración de normas laborales hasta blanqueo de capitales o incidencia en normas de extranjería y necesidades de protección urgente a víctimas, acaban recayendo en juzgados de pequeñas localidades en los que hay un club, con jueces con pocos recursos o poca especialización en el tema, motivo por el cual reivindican el papel de la Fiscalía por su especialización y labor de coordinación con otros profesionales.

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