A primera hora de la mañana, un grupo de personas se concentraba frente a la calle Isla de Cuba, 1 de Santander ( en el entorno de la Plaza de Toros). Respondían a la convocatoria de La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con la intención de presionar y paralizar la expulsión de una familia de la vivienda que habitan.

La comitiva judicial, que llegó sin acompañamiento policial, suspendió el desahucio ante la presión ciudadana, por lo que finalmente la mujer que habitaba el inmueble junto a sus dos hijos, de 3 y 7 años, ha podido permanecer en el domicilio.

Desde la Pah, han criticado la falta de emisión del informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales en Santander (un documento que acreditaría la situación de vulnerabilidad y que ayudaría a frenar el lanzamiento), por un “tecnicismo”.

“¿Es una familia vulnerable? Si. Sin lugar a dudas. ¿Lo sabe el juez? Sí. Sin duda. Lo saben los Servicios Sociales? Sí. Sin ninguna duda. Y sin embargo, el desahucio no se paraliza.
Pueden poner cualquier excusa. Cualquier pretexto. Pero no pueden alegar ninguna razón de peso , ningún motivo, para que se empeñen en lanzar a la calle a una familia vulnerable, con dos niños pequeños , y seguir atendiendo la demanda del fondo inmobiliario propietario del piso”, lamentan.

DESAHUCIOS

Según los datos más recientes del poder judicial, en el primer trimestre de este año se presentaron 82 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia, lo que supone un crecimiento del 32,3 por ciento respecto a 2021 (veinte más).

Los lanzamientos por ejecución hipotecaria (finalización de la hipoteca por impagos) han incrementado un 40,9 por ciento, al pasar de 22 en 2021 a 31 este año.