El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la Orden EPS/33/2022, de 15 de noviembre, por la que se fijan los nuevos precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha recordado que Cantabria es la única Comunidad Autónoma que recoge por ley la actualización de los precios públicos acorde con las actualizaciones salariales previstas en los convenios colectivos. “Es una medida justa y necesaria, con la que hemos querido apoyar a más de 6.000 personas que trabajan en el sector en Cantabria, con una mejora de sus condiciones laborales. La calidad en la atención también tiene que ser calidad en el empleo de las personas que cuidan a quienes más queremos. Apostamos por la dignificación de las trabajadoras y trabajadores del sector y por sus mejoras salariales”, ha asegurado.

Gómez de Diego ha realizado estas declaraciones durante su visita al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, donde ha asistido a la colocación de la primera piedra del proyecto de una nueva residencia que va a construirse en Rubayo.

En la presentación de este proyecto, que contará con 120 plazas para atención a personas dependientes, han estado presentes el director de Políticas Sociales, Julio Soto; la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) María Antonia Mora; el alcalde, Pedro Pérez Ferradas, y otros miembros de la Corporación, además de los administradores de la empresa responsable de la residencia Inversiones en Dependencia SL, Miguel Ángel Vargas y Gustavo Díaz

La nueva cuantía de los precios públicos responde al incremento de los costes salariales y se aplicará con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2022. Además, el Gobierno aportará 1,6 millones de euros más para atender el incremento del gasto presupuestario ocasionado por la guerra en Ucrania en el sector de las estancias concertadas

Así, el precio de la estancia en residencia para personas mayores pasa de 59,76 euros día a un precio máximo de 62,57; en centros de día, sin transporte, de 39,49 a 41,22 euros; y de 50,99 a 56,22.  La prestación vinculada al transporte sube 3,2 euros por día hasta los 15 euros.

También se incrementan los precios en la atención a las personas con discapacidad, que en el caso de personas con discapacidad física pasa de 71,18 euros día en residencia, a 74,93; y para las personas con discapacidad por enfermedad mental en régimen de residencia cerrada para trastornos graves de conducta se eleva en casi 4 euros hasta los 141,24 por día.

Más calidad en los servicios

Eugenia Gómez de Diego ha recordado que el acceso a los Servicios Sociales “es el cuarto pilar del Estado de Bienestar” y el objetivo del Gobierno es “seguir reforzándolo”. Para ello, ha puesto en valor el esfuerzo inversor de su departamento en el presupuesto de 2023.

“Hemos presentado un presupuesto para la mayoría social de esta región, destinado a fortalecer el Estado de Bienestar, protegiendo a las personas, impulsando el empleo y el acceso a la vivienda”, ha dicho la titular de Empleo y Políticas Sociales, quien ha destacado la importancia que en estas cuentas tiene la atención a la autonomía personal y atención a la dependencia, con 120 millones de euros, de los que 96 millones son para las estancias concertadas.

Gómez de Diego ha explicado que esta partida se incrementa un 13% “para seguir ampliando las plazas concertadas, poder asumir los incrementos salariales de las trabajadoras del sector y mejorar la ratio de las profesionales en los centros de atención y residencias”.

También ha recordado que la legislatura comenzó con cerca de 6.700 plazas concertadas en residencias y centros de día, que hoy ya son 7.990 y superarán las 8.000 en 2023, con una progresiva reducción de la lista de espera de plazas residenciales de mayores, que en enero de 2021 era de 189 personas y a 31 de diciembre de ese mismo año estaba en 119.

En este sentido, ha agradecido el trabajo del personal del ICASS, que está “firmemente comprometido con su tarea, porque de ello depende el bienestar de muchas personas”.

Está previsto que la nueva residencia, cuyas obras tienen un presupuesto de 4,5 millones de euros, abra sus puertas en el plazo de un año