Libres, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, celebra este viernes un seminario en la librería La Vorágine, de siete a nueve de la noche. Con el nombre de ‘La perspectiva política’ contará con la presencia de José Manuel Martín Medem, periodista de RTVE durante treinta años, y con Manuel Corbera Millán, profesor de la Universidad de Cantabria y miembro de la Asamblea.

José Manuel Martín Medem ha desarrollado su carrera profesional durante treinta años en RNE y TVE. De 1993 a 1996 fue consejero de Administración de RTVE, y ha trabajado como corresponsal en Cuba, el Caribe, Colombia y los países andinos. Actualmente es colaborador del periódico ‘La República’.

Ha publicado, también, varios libros periodísticos como ‘Niños de repuesto’ sobre tráfico de menores y comercio de órganos; ‘La guerra contra los niños’, sobre los crímenes contra la infancia, ‘¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? – Diario de un corresponsal de RTVE en Cuba’ y ‘La agonía de TVE’. Este año ha publicado ‘Cuba – La hora de los mameyes’, que analiza el futuro de la isla tras el relevo de poder de Fidel Castro a su hermano Raúl.

Por su parte, Manuel Corbera Millán es profesor en la UC, en el departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, además de ser miembro activo de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

La Asamblea nació en diciembre de 2013 y fue presentada a los medios en febrero de este año. Nació en un momento delicado para las protestas sociales, que mediante actos represivos y leyes incriminatorias, está viviendo una de sus mayores crisis en España.

Este colectivo engloba a más de un centenar de ciudadanos cántabros, muchos de ellos intelectuales, que han expresado públicamente su preocupación por la deriva legisladora del Ejecutivo Central en materias de los derechos de reunión y manifestación.

Han denunciado también el aumento de la dificultad del acceso a la Justicia, con la subida de tasas judiciales, la aprobación de la reforma del Código Penal para endurecer las penas por actos como la resistencia pasiva, y la preparación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Precisamente la llamada Ley Mordaza tiene un papel protagonista, pues este martes la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley con el apoyo en solitario del PP, que ha hecho valer su mayoría absoluta.

Hay convocatoria de una concentración de protesta contra la ley este jueves a las 19.00 horas frente a la Delegación de Gobierno

De salir finalmente adelante esta ley, una de las más duras de Europa y fuertemente criticada a nivel internacional, cuestiones como manifestarse frente a edificios institucionales, hacer un escrache a un político o resistirse pasivamente serán consideradas delito grave y podrán ser castigadas con multas de hasta 600.000 euros y penas de entre uno y seis años de prisión.

La lavada de cara de esta propuesta de ley ha sido la admisión del PP a alguna enmiendas, como cambiar la  pena por botellón (beber alcohol en la vía pública), que pasa de delito grave a infracción leve. Aun así, han prosperado los puntos más polémicos de la ley, como la devolución en caliente de inmigrantes en las fronteras. Este supuesto fue añadido a posteriori por el PP para legalizar las actuaciones en Ceuta y Mellila.

EMPIEZA EL JUICIO CONTRA ALFON

Siguiendo el mismo tema, el juicio contra Alfonso Fernández, ‘Alfon’ ha comenzado este martes, tras meses de retraso del proceso. Fue detenido durante la jornada de huelga del 14 de noviembre de 2012, supuestamente por portar una mochila con material explosivo.

El joven, antifascista y miembro de Bukaneros, colectivo de hinchas del Rayo Vallecano, ha defendido siempre su inocencia. Contra la versión de los agentes, él y sus acompañantes aseguran que no llevaban esa mochila, y que fue sustraída desde un matorral en el momento  en el que les dieron el alto para identificarlos.

En torno a Alfon se ha desarrollado un movimiento exigiendo la retirada total de los cargos. Multitud de voces, algunas incluso con eco internacional, han denunciado un montaje policial en su contra. Como prueba de ello se han basado en el trato excepcional que el joven sufrió, a pesar de que el material con el que pretenden inculparle sea supuestamente de bajo calibre.

Tras su detención, Alfon pasó 56 días en prisión, en régimen de máximo aislamiento y siendo equiparado a terroristas y narcotraficantes. Además, la primera fecha de su juicio, que debió ser el pasado mes de septiembre, fue pospuesto por la incomparecencia de los policías que le detuvieron. Se enfrenta a más de cinco años de prisión.

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