Luis y su familia evitaron en 2020 ser desahuciados de su hogar. El Gobierno central acababa de aprobar el decreto que trataba de frenar los desalojos, en un momento caracterizado por la pandemia y las restricciones y que podía llevarse muchos proyectos vitales por delante.

Llegaron a tener fecha de desahucio, y la plataforma Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca convocaron una acción para intentar frenarlo, además de presentar un recurso contra esa decisión ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Laredo. Ese recurso fue estimado y el resultado fue una decisión judicial de otorgar una moratoria hipotecaria a la familia que vence el 15 de mayo de 2024 (precisamente, un 15M).

Sin embargo, Mosacata, fondo que ahora tiene todo lo que tuvo Beyos y Ponga, ha presentado una denuncia, admitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Laredo. Las partes tendrán que comparecer el próximo 6 de marzo ante el tribunal.

La empresa demandante asegura que hay otras personas distintas en la vivienda, con lo que denuncian un delito de usurpación y solicitan una medida cautelar de desalojo inmediato, pero no aportan más información sobre los supuestos usurpadores.

Sin embargo, Luis, en conversación con EL FARADIO, ha asegurado que en esa vivienda en Carasa siguen viviendo las mismas cuatro personas. Son él, su esposa y sus dos hijos, y solamente una de las cuatro personas tiene un empleo con el que poder meter dinero en casa.

Este martes, la Guardia Civil se personó en la vivienda para recoger los datos de quienes viven allí, diciendo que les había enviado el juzgado. Y este próximo viernes tienen cita para solicitar el abogado de oficio que les represente ante el tribunal.

La familia afectada tenía un pequeño despacho de pan que sufría embargos por parte de Liberbank, que le generó una deuda de 100.000 euros. Ellos quisieron recurrir a la dación en pago ´–entregar la vivienda para saldar la deuda–, pero Liberbank no accedió a negociar.

Fue Beyos y Ponga el brazo utilizado por la entidad financiera (ahora integrada en Unicaja Banco) para llevar a cabo el desalojo, pero ahora es Mosacata quien se ha puesto al frente de esas acciones.

En octubre de 2020, en los fundamentos de derecho del auto que otorgó la moratoria hipotecaria hasta 2024 el juez se remitió a cómo la Ley de protección de deudores hipotecarios fue modificada en marzo de 2020 –con el Estado de Alarma—para suspender los lanzamientos sobre viviendas habituales por parte de colectivos especialmente vulnerables.

Entre ellos se considera a familias numerosas, con menores de edad o monoparentales con hijos a su cargo, así como con alguna situación de discapacidad o dependencia, desempleo, mayores de 60 años…. Además de una serie de indicadores económicos, que incluyen una “alternación significativa” de su situación económica con efectos en su acceso a la vivienda, habitual, como, por ejemplo, que la hipoteca supere la mitad de los ingresos netos.

Dado que los afectados consiguieron acreditar que se encuadran en alguna de estas circunstancias, se suspendió.