La casa de la que fueron desahuciados Héctor y su madre, en Gama, se ha puesto a la venta apenas  cuatro meses de que se consumara el desalojo.

La propiedad comienza a aparecer ya en portales inmobiliarios, por un valor de 330.000 euros, según ha podido comprobar EL FARADIO.

Una cifra que es diez veces superior a la operación en que se formalizó y que supuso la pérdida de la vivienda, por un importe de alrededor de 30.000 euros.

Lo que sucedió, según relata el propio Héctor a EL FARADIO, es que cuando se hizo la operación, lo que comenzó como un préstamo de un particular se acabó convirtiendo en una operación de compraventa.

El préstamo lo solicitó el padre de Héctor, ya fallecido, para afrontar los gastos de reforma de la vivienda para que fuera accesible para la situación de discapacidad del hermano, también fallecido, ante la dificultad de que se le concedieran préstamos desde la banca convencional, toda vez que la enfermedad del hijo sobrevino cuando además el cabeza de familia se encontraba en desempleo y no encajaba en el perfil de financiación y las obras eran necesarias para la vida diaria.

Al ejecutarse la operación, se incluyó la liquidación del préstamo y se estipuló que el padre había recibido antes de la firma una cantidad en metálico que, según el prestamista, era una operación puente que serviría para que finalmente fluyera el préstamo del banco.

Y también sucedió, continúa Héctor, que en realidad el prestamista actuaba con un poder de quien acabaría siendo el siguiente propietario de la vivienda, de modo que lo que el padre pensaba que era una operación acabó siendo otra distinta, una venta que dejó reflejada en la escritura la nueva propiedad.

EL DESAHUCIO

Detención de Héctor durante su desahucio (noviembre 2022)

El desahucio se ejecutó el pasado mes de noviembre, en medio de un fuerte operativo de fuerzas del orden que impidió la labor de los activistas antidesahucios congregados allí (cuando se fija fecha para un desalojo, desde las plataformas, PAH y STOP DESAHUCIOS, se convocan lo que se llama un STOP DESAHUCIOS, una acción en la que quienes acuden tratan de frenarlo directamente interponiéndose físicamente entre la vivienda y el dispositivo).

En ese caso no sólo se ejecutó el desahucio, sino que además el propio Héctor sufrió lesiones y fue detenido, pasando la noche en el calabozo, aunque luego quedara absuelto en el juicio rápido.

Esa ejecución sucedió a, semanas antes, el de Jennifer, de un piso en la calle Isla de Cuba (cerca de Valdecilla, en Santander), a instancias de un fondo ligado al grupo SADISA: el operativo policial también impidió el acceso de los activistas.

Y EL POSTDESAHUCIO

La sucesión de ambos casos generó preocupación entre los defensores del derecho a la vivienda en Cantabria, al suponer un cambio tendencia, ya que la tónica desde que empezó la crisis financiera venía siendo que la acción STOP DESAHUCIOS lograra evitar el desalojo. Preocupados también por la presión policial, miembros de PAH Santander, STOP DESAHUCIOS, JuntXs lo paramos todo y distintas organizaciones sociales y políticas, así como cántabros a título particular, se han organizado en la Red Antidesahucios de Cantabria,

Después del desahucio de Héctor y su madre siguieron los problemas:  si normalmente tras un desahucio se facilitaba que la víctima pudiera recuperar sus enseres, lo accidentado de este (la madre tuvo que meter a toda prisa en una bolsa todas sus medicinas, por ejemplo) y la actitud de los nuevos habitantes de la vivienda impidieron que Héctor tuviera acceso a sus cosas, desde recuerdos personales hasta documentación de la vivienda y de las distintas operaciones con el prestamista tanto con esta vivienda como con otros afectados que vienen denunciando el caso y tratando de que llegue a los tribunales.

DESAHUCIOS VS OCUPACIONES: DEBATE VS DATOS

En el último trimestre del que constan datos actualizados, de julio a septiembre, los lanzamientos en Cantabria (la expulsión de las viviendas) en caso de hipotecas pasaron de 4 a 14, esto es, un 250% respecto al trimestre previo.

Frente a esto, en las ocupaciones,  los juzgados de primera instancia registraron de julio a septiembre 4 asuntos de este tipo, dos menos que en 2021, esto es, un 33,3 por ciento menos