La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha presentado en rueda de prensa la nueva orden que mejora la atención y exige una mayor dotación de personal a los centros de atención a personas dependientes en Cantabria, con una aportación de 8.846.485 euros anuales más, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que actualmente financia el 76,40% del total de plazas de los Servicios de Atención a la Dependencia y Discapacidad de la región.

Según ha informado la consejera, gracias a la política de consenso y diálogo, en Cantabria se han aumentado las plazas de atención a la dependencia y discapacidad, alcanzando las plazas concertadas para atención a la dependencia y discapacidad que se financian con fondos públicos, el 76,40% del total.

En esta legislatura se han mejorado notablemente tanto los precios como el número de personas que reciben una prestación dentro del sistema, con un incremento en 684 (9,20%) de las plazas públicas concertadas que suponen ya 8.063 de las 10.553 plazas totales.

De esta forma, se supera el objetivo de las 8.000 plazas al finalizar la legislatura que se fijó en la presentación de los Presupuestos del departamento para 2023. Actualmente, Cantabria cuenta con 8.063 plazas públicas, que en 2019 eran 7.437.

Además, la consejera ha destacado el “notable esfuerzo” en la dotación de plazas de residencia (24h) donde hay 266 concertadas nuevas; 126 en centros de día de atención a personas con discapacidad y 114 plazas nuevas en atención a centros de día de personas mayores. “Se ha reforzado donde había mayor necesidad”, ha indicado Gómez de Diego.

Respecto a la evolución de los precios que se pagan por los servicios prestados al SAAD, también se han hecho esfuerzos donde se consideraba que el precio debía ser mejorado, como es el caso de las residencias en personas mayores, donde se ha pasado de 59,76 euros/plaza/día en 2019 a 67,22 euros, lo que supone un incremento del 12,48%.

“Cantabria puede estar muy orgullosa de su Sistema Público para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, en la comparativa de las cifras a nivel nacional, se sitúa siempre muy por encima de la media”, ha recalcado la consejera.

No hay ninguna situación de emergencia que se quede sin cubrir y no existe lista de espera para recibir prestaciones económicas, ni para Teleasistencia, ni para centros de día; lo que provoca la lista de espera, ha señalado, es la demanda de plazas de atención residencial en mayores y en determinadas zonas de la región.

La evolución del presupuesto en el SAAD-Cantabria pone de manifiesto esta apuesta por la mejora del sistema: 33,5 millones de euros en cuatro años (un 24,90%; es decir, un incremento medio anual del presupuesto del SAAD del 5%).

Eugenia Gómez de Diego, que ha estado acompañada por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y por la directora del ICASS, María Antonia Mora, ha subrayado que “el diálogo, la participación y el consenso” han sido los protagonistas en esta legislatura, “muy dura y complicada, atravesada por una pandemia que es imposible olvidar” durante la cual se han producido cambios para “prestar una atención más personalizada a nuestros dependientes y mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector aunque “ queda camino por delante”.

Para el Ejecutivo, ha recalcado, “la persona en situación de dependencia o discapacidad es siempre la prioridad” y los datos avalan esta afirmación, esta apuesta por mejorar la garantía de una atención de calidad por la que “se está haciendo un esfuerzo inversor histórico y una labor de diálogo y colaboración que creemos está dando sus frutos”.

En esa línea de apoyo total al sector, se añade la autorización de un suplemento de crédito a los Presupuestos Generales de Cantabria para el 2022 por importe de 1.600.000 euros, para atender el incremento del gasto presupuestario ocasionado por la Guerra de Ucrania, en el sector de las estancias concertadas del ICASS, que introdujimos en mejora del precio, por lo tanto, es un incremento que no es una ayuda puntual, sino que lo hemos consolidado.

REIVINDICACIONES DE CCOO

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha iniciado una campaña para dignificar las condiciones laborales y salariales del personal del sector de la Discapacidad, en el que trabajan más de 1.500 personas en Cantabria en empresas como Ampros, Fernando Arce/Seriman, Amica, Aspace, Fundación Obra San Martín o Soemca, entre otras.

Se trata de una campaña en redes sociales bajo el título #DignificarElCuidar que, a través de vídeos cortos, busca visibilizar las condiciones de un sector «que no se resigna a la precariedad» y reivindicar un trabajo, salario y convenio dignos.

Alexandra Gómez, presidenta del Comité de Empresa de Aspace, ha recalcado que «es urgente que las condiciones laborales y salariales reflejen la profesionalidad del sector y valoren el trabajo de las plantillas». En este sentido, Gómez ha recordado que «durante la pandemia, no fallamos y fuimos esenciales trabajando con condiciones muy precarias que seguimos sufriendo y que reclamamos mejorar ya».

Gómez ha denunciado «el bloqueo para la renovación del XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad por el inmovilismo de unas patronales que no quieren negociar».

El contexto de inflación actual, además, acelera la necesidad de mejoras salariales para los y las trabajadoras porque, como ha reivindicado Gómez, «el precio de la vida aumenta y de la vocación, ese gran filón del que se aprovechan las patronales, no se come».

La presidenta del Comité de Empresa de Aspace ha destacado, además, «la gran carga emocional que conlleva este trabajo, al que se suma la preocupación salarial y la sensación de menosprecio de nuestra tarea».

Entre las mejoras que reclaman, por ejemplo, se encuentra la creación de un complemento salarial que contemple las situaciones de agresión, ya que «un 30% de las personas trabajadoras del sector de la discapacidad, hemos sufrido agresiones físicas», ha indicado Gómez. Además, ha reivindicado «que se estudie la redacción el artículo 32 del convenio, para que las revisiones de las tablas salariales vayan acorde con el incremento del IPC, garantizando la mínima pérdida de poder adquisitivo».