El recurso de la Asociación de Constructores contra el concurso de actuaciones urbanas inquietó al funcionario y sus empresas de cabecera

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Cuando las adjudicaciones de una obra suelen ser recurrentemente a las mismas en base a un sistema de bajas y otros criterios (como vienen recopilando los investigadores de la trama de Carreteras y contando EL FARADIO en las últimas semanas), cualquier factor extra ajena a los habituales se convierte en una complicación.

Desde que se presente alguno de los no habituales y tire la baja más de lo norma hasta que se produzcan recursos, que es lo que sucedió con el recurso de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria contra el contrato de lo que llamaban actuaciones urbana.

Como recoge el sumario, al que ha tenido acceso EL FARADIO, la presentación del recurso, desató toda una serie de cábalas entre el funcionario Miguel Ángel Díez, detenido e investigado por las adjudicaciones realizadas en base a sus informes, y las empresas recurrentes en esas adjudicaciones, fundamentalmente RUCECAN, API MOVILIDAD o LA ENCINA-CANNOR.

CONTRATOS Y RECURSOS

En concreto, el contrato se denominaba formalmente “Conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos anexos a las carreteras autonómicas, de urbanización, ornamentales y de protección en diversas carreteras autonómicas dependientes de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo’, por un importe de 4,8 millones de euros a 4 años.

En una contratación pública, los recursos son más o menos habituales, cuando algún elemento del pliego va en contra de alguna o ley o del interés de algún colectivo profesionales (son habituales recursos de colegios profesionales o asociaciones sectoriales por considerarse excluidos o perjudicados).

El problema concreto con ese contrato era que las figuras de delegado y representante técnico no podían recaer en la misma persona.

El efecto de la paralización del concurso a raíz del recurso, advierte Miguel Ángel, es que “han jodido a cuatro empresas”

¿FUE “RAULITO?”

El principal sospechoso que tenían era “Raulito”, Raúl el de GIOC (Gestión Integral de Obra Civil, empresa que tiene como gerente a Raúl Ruiz), tal y como le trasladó José Luis el de API al funcionario.

Es una opción que descarta otro empresario, José María (no identificado por los investigadores en ninguna empresa, pero es adjudicataria, pues cuando el jefe de Carreteras le dice que está trabajando, este responde “Tú sigue trabajando para que yo siga cobrando”).

José María cree que Raúl “jamás va a hacer una faena así”, que incluso en una conversación entre ambos (José María y Raúl), este le juro que no, «que desde que pasó aquello no he vuelto a hacer nada de nada».

El propio Miguel Ángel afirma que su fuente (que era José Luis el de API) estaba equivocada e incluso comenta que se ha tenido que disculpar con Raúl, con quien habló expresamente del tema. Raúl de GIOC también se lo negó al propio José Luis de API, quien, en cualquier caso, tenía el encargo expreso del jefe de Servicio de averiguar quién había sido.

El jefe de Servicio de Carreteras pregunta a Elías, de RUCECAN,  si formaba parte de la Asociación de Constructores de Cantabria. Con todo, el de RUCECAN no cree que con el recurso la Asociación quisiera perjudicar al funcionario: “no van a por ti”.

Además, Miguel Ángel Díez encuentra otro candidato, Roberto, de PALOMERA, a quien el de RUCECAN le ve “demasiado vago como para eso”, planteándose que tal vez haya sido una empresa de mayor envergadura como ASCAN, no descartando que haya sido ANIBAL (seguramente Excavaciones Aníbal) 

En general, RUCECAN responde que “no pone la mano en el fuego por nadie”, salvo por el propio funcionario.

UN PACTO CON LA ASOCIACIÓN PESE A LA DESCONFIANZA EN SU PERSONAL

Aparte de las cábalas sobre quién indujo el recurso de la Asociación de Constructores, estaba la gestión del asunto: el funcionario apuesta por llegar a un acuerdo con esta organización empresarial, como comentó con API MOVILIDAD.

El representante de API, por cierto, mostraba su desconfianza hacia Juan Carlos Echevarría, identificado como secretario de la Asociación de Constructores. También desconfiaba de él Miguel Ángel Díez.

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