Los siete parques eólicos que han conseguido declaración positiva de impacto ambiental (DIA) en Cantabria suman 280 MW de potencia, con lo cual podrían abastecer la mitad del consumo eléctrico doméstico de la región una vez entraran en servicio en 2025, según indican las previsiones. Así lo ha puesto de manifiesto la Asociación Eólica de Cantabria en una jornada sobre economía y sostenibilidad que se ha celebrado esta mañana en Santander.

Esta potencia, sumada a la ya instalada en Soba y en Campoo de Enmedio,  no llega ni siquiera a ser la mitad de los 700 MW de energía eólica previstos en el borrador del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2021 – 2030, apuntan desde la Asociación, que señala que Cantabria seguiría a cola y que la producción de renovables en la comunidad no cubre ni el 20 % del consumo. Según ha señalado el presidente de la AEC, Agustín Valcarce, parece que en Cantabria es “harto complicado” cumplir los propios objetivos energéticos de la comunidad.

En la actualidad solo siete proyectos han pasado el trámite más exigente, que es la declaración de impacto ambiental. Por delante quedan todavía nuevas tramitaciones y autorizaciones administrativas, de modo que las previsiones sitúan la entrada en servicio de los nuevos aerogeneradores en 2025. Estos siete parques son El Escudo, Bustatur, Somaloma-Las Quemadas, Campo Alto, La Costana, Cuesta Mayor y Alsa. Los promotores que los desarrollan son Biocantaber, Iniciativas Eólicas de Cantabria, EDP Renovables y Capital Energy.

La inversión total es de unos 300 millones de euros con los que, detallan, se dará trabajo directo o indirecto a 400 personas durante la fase de construcción y 80 solo en mantenimiento durante la fase de explotación a 25 años.

La asociación también destaca que estos siete parques eólicos supondrán evitar la emisión de 5 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera.

Agustín Valcarce reivindica que “a los cántabros les cuesta cero euros que haya energía renovable en la región”, ya que no existe ningún tipo de prima ni proyecto sostenido con fondos europeos para financiar este ingente presupuesto.

Y detalla que los ayuntamientos y juntas vecinales de Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio, Molledo, San Miguel de Aguayo, Luena, Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río, Valdeolea recibirán 7,4 millones de euros en concepto de licencias de obra. Además, anualmente se percibirían por estas entidades más de 2 millones de euros en concepto de IAE, IBI, canon urbanístico y arrendamientos de terrenos.

Aparte de los pagos de tasas y licencias, cada promotor desarrollará su propio plan de apoyo a las poblaciones locales. Serán iniciativas orientadas hacia el desarrollo rural y el reto demográfico que sumarán cada año 1 millón de euros aproximadamente, con medidas como tarifas de luz reducidas para los vecinos, así como la creación de comunidades energéticas de autoconsumo mediante energías renovables. Se contemplan actuaciones específicas de apoyo a sectores económicos como el turismo y la ganadería, así como planes de formación y empleo, asistencia social a mayores y dependientes o actividades para la población infantil.

Las acciones de impulso de las comunidades rurales también prevén la promoción turística y venta de productos artesanales a través de herramientas digitales, la mejora y restauración de zonas verdes y vías forestales, así como la conservación de bienes y lugares de interés o el patrocinio de eventos culturales.

Valcarce también se ha manifestado sobre las acciones que desarrollan los colectivos antieólicos señalando que hay muchos vecinos favorables a las energías limpias y el desarrollo rural que suponen los parques, “pero que no se movilizan”. Por eso insiste en que es necesario relativizar la representatividad de estas personas, “que son siempre las mismas en distintos sitios”.

Respecto al ayuntamiento de Campoo de Yuso que dictó orden de parar los sondeos geológicos del parque de El Escudo, Valcarce insiste en que un promotor no debe pedir licencia de obra cuando el trámite que indica la Ley del Suelo de Cantabria es la declaración responsable.

Según el presidente de la AEC, el ayuntamiento no debería ir contra la ley y el propio criterio del ministerio, “que nos pide en la DIA repetir esas catas como medida de salvaguarda medioambiental en el proyecto”.