La semana que viene se cumplirá un año desde que murieron María Mercedes y María Ángeles, las dos hermanas, mayores y que vivían solas, que estaban pendientes de su desahucio y que fueron encontradas muertas en su vivienda en la calle Burgos, en Santander.

Tenían fecha notificada de su desahucio, aunque fue aplazado, pero esa notificación no les llegó.

En concreto, la concentración será el miércoles que viene a las 19.30 horas en la Plaza del Reenganche, convocada por la PAH, STOP DESAHUCIOS, la Plataforma de Pensionistas de Santander y las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria.

Y al día siguiente, el jueves, está previsto el desahucio de Roberto Mazorra, veterano activista por la vivienda en Cantabria.

Colectivos antidesahucios se concentraban ayer frente a la sede de la Dirección General de Vivienda aludiendo a su situación y reclamando más medidas de apoyo e intermediación para personas en situación de vulnerabilidad por desahucios, además de criticar la falta de respuesta o que no se les quisiera recibir o la pérdida de interlocución con los responsables de la Consejería.

También se demandó, aparte de la mejora en la alternativa habitacional, más atención en cuanto a los recursos de salud mental para personas que  van a ser desahuciadas.

Roberto Mazorra, portavoz de la Red Antidesahucios y afectado él mismo por un desahucio inminente, programado para el próximo 18 de mayo, planteó la posibilidad de que, si se carece de viviendas,  la Administración pueda realquilar.

Mazorra recuerda que tras una década ayudando a personas en riesgo de desahucio, al final le ha tocado también a él, una vez agotados todos los recursos jurídicos para impedir el lanzamiento.

El activista remarca su condición de vulnerable, tanto en lo económico como en lo sanitario, y, tras relatar las distintas medidas contra los desahucios (desde el protocolo aprobado durante la pandemia hasta la reciente Ley de Vivienda) apelaba a la voluntad política para solucionar el problema de la vivienda.