Una quinta parte de la población cántabra está en riesgo de pobreza y exclusión social, en cifras de 2022, en lo que supone un descenso.

Son datos de EAPN, la Red europea contra la pobreza, con delegación en Cantabria, en los que se refleja a su vez el efecto de contención que ha supuesto el apoyo público: sin las distintas medidas puestas en marcha a raíz de la pandemia y otras políticas, la cifra se hubiera triplicada hasta el 45%.

En concreto, la tasa AROPE (el indicador técnico que mide la pobreza) de Cantabria desciende 1,9 puntos porcentuales hasta el 19,5 %, la cuarta más baja del país.

A su vez, los componentes bajan ligeramente, mientras que los indicadores de desigualdad se mantienen estables.

En comparación con el resto de las regiones, Cantabria presenta el segundo mejor dato de población en pobreza severa (5,1 %) y el sexto de privación material y social severa (5,0 %).

Con relación a 2015, la población en riesgo de pobreza y/o exclusión ha caído menos de un punto (-0,9), mientras que los diferentes indicadores han experimentado cambios en distinto sentido.

Así, mientras que la privación material y social severa ha aumentado (+1,3 puntos porcentuales), la tasa de pobreza cántabra se mantiene prácticamente igual (-0,1 p.p.) y ha disminuido de forma acentuada la proporción de personas en hogares con baja intensidad en el empleo (-6,4 p.p.).

Con todo, Cantabria tampoco sigue la senda necesaria para alcanzar lo acordado en la Agenda 2030, para lo que en 2022 debería detectarse unas 22.000 personas menos en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

En cualquier caso, sin ningún tipo de transferencias públicas, en 2022 la tasa de pobreza cántabra se habría triplicado hasta un 45 %, mientras que si la única aportación existente fuesen las pensiones por jubilación y supervivencia habría aumentado en 9,6 p. p.

En el caso de la pobreza severa en Cantabria, ésta alcanzaría a más del doble que en la actualidad si sólo hubiese pensiones por jubilación (11,9 %) y se multiplicaría por seis de no haber ningún tipo de transferencia (32,1 %).

Por otra parte, las diferencias mantienen cierta estabilidad a lo largo de la serie, lo que muestra la importancia del papel de las administraciones en el sostenimiento de las condiciones de vida de las personas y la reducción de pobreza y desigualdades.

Durante 2021, año en el que se detectaron los efectos de la crisis por covid-19, se aprecia un incremento en la importancia de las transferencias analizadas.

Este impacto, aunque disminuye en 2022, se mantiene superior a los contemplados antes de la pandemia, lo que demuestra la importancia que tuvieron y tienen aquellas medidas del escudo social cuya puesta en marcha ha permanecido. De este modo, se evidencia la necesidad de que las administraciones públicas continúen desempeñando políticas redistributivas, señalan desde EAPN.

En términos de la tasa de riesgo de pobreza, la acción del Estado se manifiesta con mucha intensidad en Cantabria, Baleares, Galicia, Canarias, Extremadura y País Vasco; en todas ellas las transferencias reducen entre un 30% y un 39% el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas transferencias. Por el lado contrario, las transferencias reducen entre un 21 y un 25% las tasas de pobreza que se registrarían en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía.

La capacidad para afrontar gastos imprevistos se ha incrementado en todas las comunidades autónomas excepto en Asturias, Cantabria y La Rioja.