Imagen de la ampliación de capital, lanzada por AUPA.

La ampliación de capital del Racing de Santander ha dado por finalizada la primera fase este jueves con una recaudación de 292.128 euros y 1.748 impositores.

La cifra es modesta, aunque entra dentro de las previsiones de quienes mejor conocen el diseño de la ampliación y el entorno del Racing, pero no supone ni el 10% de los abonados ( más de 10.000 esta temporada), es  menos de un 1% de la población de Santander (177.000) e irrelevante con respecto a los 590.000 de Cantabria.

Ahora se abre la segunda fase con el objetivo de alcanzar la cantidad de 1,8 millones de euros,  aunque la noticia es que la ampliación de capital del Racing ha estado marcado por la desconfianza desde un primer momento y con un clima muy enrarecido, en especial en las últimas horas, y sobre todo por dos hechos:

De una parte, la solicitud de Manos Limpias, acusación popular en la querella de Cantur, de que se paralice el proceso de ampliación de capital de forma «inmediata y urgente», por un posible alzamiento de bienes, al desprenderse Dumviro y Jacobo Montalvo del 98,9% de las acciones del Racing por el precio simbólico de un euro, pasando la propiedad a  los siete consejeros que han diseñado la ampliación de capital, cuando tanto la empresa instrumental como su propietario están imputados.

Esta petición se enmarca en la instrucción que lleva la magistrada Paz Hidalgo en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que hasta la fecha ha elevado el quebranto patrimonial para las arcas públicas derivado de la participación del Gobierno en el Racing a 43,8 millones de euros y ha forzado a personarse a la empresa pública CEP Cantabria.

Por otra parte, todos los agentes sociales del Racing, impulsores de la ampliación junto al Consejo de Administración en la Comisión Mixta ( Asociación de Peñas del Racing, Asociación de Exfutbolistas, Asociación Unificada de Pequeños Accionistas y Fundación Racing) están buscando soluciones a algunos pagos registrados en esta primera fase de racinguistas que no estaban llamados a acudir en esta primera fase.

De hecho, hasta el 11 de diciembre y debido a la operación acordeón diseñada, sólo podían acudir al proceso de ampliación de capital los abonados, simpatizantes y accionistas que tuvieran al menos 765 acciones viejas, equivalente a una de las nuevas, y en paquetes de acciones a partir de 60 euros.

Y desde la puesta en marcha de la TPV (la pasarela de pago que dispuso AUPA) en la web que lleva el lema de la ampliación ‘Oportunidad RRC’ se han registrado micropagos, inferiores al mínimo de 60 euros establecido.

Todo esto ha devuelto el clima de desconfianza inicial con el que nació la ampliación de capital, desde las declaraciones del secretario del consejo de administración  calificando el proceso de «refundación», hasta las dimisiones en el seno de AUPA (hasta tres), las especulaciones sobre la tardanza en el registro mercantil de la junta extraordinaria del 4 de noviembre y la propia ampliación, o las filtraciones de inversores candidatos a quedarse con el club en la tercera fase, que han contribuido bien poco a que el racinguismo crea en una verdadera atomización de la propiedad.

Una desconfianza que parecía haberse superado en parte por los gestos de personalidades de relevancia pública, como el propio presidente de Cantabria, Ignacio Diego, o el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna – no así del Parlamento de Cantabria- y sobre todo por la apuesta de los exfutbolistas, escenificada esta misma semana, con el liderazgo de Quique Setién.

Pero en las últimas horas ha vuelto a instalarse el clima enrarecido e incluso crispado, tanto por la petición de Manos Limpias, que liga una vez más lo judicial y lo societario, como por las dudas generales que existen sobre el proceso de ampliación, asentado desde un principio sobre un pacto  de carácter opaco con Montalvo.

GARAYAR ANTE LA JUEZ

Por otra parte, el racinguismo sigue mirando a la instrucción de la querella de Cantur, en la que se investigan las posibles responsabilidades por la participación del Gobierno (PRC-PSOE) en el Racing de Santander, entre 2004 y 2011, con un quebranto patrimonial para las arcas públicas cuantificado   por la juez Hidalgo en 43,8 millones de euros.

De lo más comentado tras la comparecencia de Emiliano Garayar, en calidad de imputado ante la juez, es que CEP Cantabria ni la Fiscalía formularan pregunta alguna a una figura que es esencial en la operativa para canalizar la participación pública en el Racing: el cerebro jurídico de la compra-venta del club.

CEP Cantabria se resistió a personarse en la instrucción como había indicado la juez y mantiene una actitud pasiva en los interrogatorios

Garayar mostró solvencia dialéctica y jurídica en su declaración ante la juez, pero hay mucha base documental que le compromete, hasta el punto de declarar en calidad de imputado: recibió el encargo del Gobierno de Cantabria de colocar el Racing, constituyó Dumviro, la empresa instrumental y asesoró tanto al Racing como Gobierno de Cantabria, donde facturó más de 3,6 millones de euros.

El abogado restó importancia a estos hechos, al igual que a su participación en la adjudicación de Ecoparque Besaya, un proyecto de plusvalías millonarias, a una empresa de la familia Montalvo (Alcalá 120).

Según Montalvo, el Gobierno de Cantabria le puso  entrar en el Racing como condición para adjudicarse Ecoparque Besaya

Fue secretario de la mesa de adjudicación otro socio de su despacho, Gervasio Martínez Villaseñor, ex de Gómez Acebo y Pombo, al igual que Javier Montalvo, primo de Jacobo. Casualidades, según defendió Garayar.

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