El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha fallado a favor de conceder la gran invalidez a una trabajadora debido a motivos de salud mental. Concretamente, el expediente de la demandante mostraba trastorno mental, ansiedad y depresión, un intento de suicidio y la persistencia de ideas autolíticas, es decir, pensamientos relacionados con el suicidio.

Para la trabajadora afectada esto supone un cambio en su situación, ya que al pasar de la invalidez permanente otorgada por el Juzgado de lo Social número 2 de Santander a la gran invalidez, su pensión pasa de ser del 100% del salario a sumar a esa cantidad un 45% de la base mínima de cotización y un 30% de la última base de cotización de la propia trabajadora.

Esta sentencia está basada en una interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cual “ha reconocido la gran invalidez cuando existe necesidad de ayuda de tercero para impedir posibles actividades autoagresivas o para la evitación de situaciones de peligro o riesgo” aunque la literalidad de la norma hable de “actos primarios elementales” como comer, vestirse o desplazarse.

Así, el TSJC reconoce que, aunque la demandante pueda hacer dichas actividades sin ayuda de un tercero, es necesario que exista ese tercero para preservar su integridad física, por lo que decide sentenciar que se trata de una gran invalidez. “en el concepto de acto esencial de la vida debe entenderse comprendido el de la genérica defensa de la propia vida e integridad física” explica el propio tribunal.

Cabe destacar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no es definitiva, ya que existe la posibilidad de interponer un recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Esto significa que el caso aún no ha concluido y que podría haber nuevos desarrollos legales en el futuro.

En cualquier caso, este fallo sienta un importante precedente en el ámbito de la invalidez y el reconocimiento de las necesidades de las personas que sufren trastornos mentales graves. Además, destaca la importancia de adoptar una visión más comprensiva y amplia de la discapacidad, reconociendo que las limitaciones pueden ir más allá de las puramente físicas. La protección y el apoyo a las personas con trastornos mentales deben ser una prioridad en nuestra sociedad, y esta sentencia es un paso en la dirección correcta para lograrlo.