Roberto Mazorra ha sido avisado de esta fecha sólo una semana antes, el pasado 11 de julio. Un plazo anormalmente corto y que provocó también un recurso del propio afectado. Sin embargo, no ha sido admitido a trámite, por lo que el lanzamiento sigue su curso.

Por ello, el propio activista y la Red Antidesahucios, de la que él mismo es portavoz, ha convocado una acción para intentar parar el desahucio. Será este martes, a las 8 de la mañana, una hora antes del momento esperado para que la comitiva judicial llegue al inmueble, en la calle León Felipe nº 7 de Santander, para proceder al desahucio.

El llamamiento pide una numerosa presencia de personas, puesto que, de lo contrario, será mucho más difícil que no se lleve a cabo. Los colectivos antidesahucios recuerdan especialmente el lanzamiento de Jennifer, en la calle Isla de Cuba de Santander, y el de Héctor, en Gama, con fuerte presencia policial y acordonamiento de zona para intentar evitar que los activistas llegasen hasta el inmueble y fuese más sencillo llevar a cabo el procedimiento.

Este será el tercer intento de desahucio que sufre Roberto, ya que en octubre de 2022 hubo otro lanzamiento programado aunque se suspendió por causas jurídicas antes de la fecha del desahucio. El segundo, de fecha más reciente, el 18 de mayo de 2023, se paró el mismo día en el contexto de la huelga de funcionarios de los diferentes estamentos del sistema judicial.

Antecedentes del caso

En el momento actual no ha variado el estado de salud de Roberto Mazorra -es un enfermo del corazón que ha sufrido dos infartos en los últimos años- y tampoco su situación de vulnerabilidad socioeconómica, motivada precisamente por su estado de salud.

Los antecedentes del caso se remontan al año 2015, cuando la extinta Liberbank cede la vivienda en alquiler social a varias personas afectadas de la plataforma Stop-Desahucios. Dos años después, en el año 2017, el inmueble es adquirido por el fondo inmobiliario Desarrollos Las Peñicas, S.L. En 2018, ese mismo fondo denuncia por usurpación a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que vivían allí lo hacían legalmente ya que contaban con la autorización del propietario en su momento, Liberbank. Posteriormente, el fondo vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil), recibiendo sentencia a su favor, después de diferentes recursos, a finales de 2021.

Unos meses antes de la sentencia definitiva, en mayo de 2021, un empresario vallisoletano adquiere la vivienda por 50.000 euros sin haberla visto y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado. Pocos días después de la compra, en junio de 2021, dos individuos asaltan la vivienda, destrozando la puerta y entrando al interior del inmueble. Un par de semanas después volvían de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores y el buzón de los afectados. Durante varios meses, el supuesto nuevo propietario se puso en contacto telefónico con los afectados, amenazándolos en numerosas ocasiones y contratando a una empresa alicantina dedicada a la extorsión de inquilinos, denominada ServiokupasERVIOKUPAS. Posteriormente, llevó las ‘negociaciones’ un abogado de un bufete de Valladolid, que no se quedó atrás en cuanto a las amenazas y coacciones: “Vais a iros de allí, ya sea por las buenas o por las malas. La gente que va a ir es de fuera. Y si os tienen que dar dos hostias os
las van a dar. Que a esa gente no se la pone nada por delante”. Las víctimas de los hechos descritos presentaron sendas denuncias por amenazas, coacciones, allanamiento de morada, extorsión, daños, etc., contra los responsables. Como consecuencia de las amenazas, dos de las personas inquilinas abandonaron la vivienda.

Roberto Mazorra lleva más de una década militando en el movimiento antidesahucios; ha sido asesor legal tanto de la PAH como de la plataforma Stop-Desahucios, y actualmente es portavoz de la Red Antidesahucios, que es el colectivo constituido de forma reciente y dedicado única y exclusivamente a parar los lanzamientos judiciales. Mazorra describe unos hechos “muy turbios”, en su opinión: “inicialmente, me pareció absurdo que alguien comprara una vivienda sin haberla visto, con gente dentro y sin sentencia definitiva. Es obvio que el nuevo propietario tiene `negocietes’ y contactos en Valladolid que poseen vinculaciones con el fondo buitre. Y supongo que pensaría que utilizando la fuerza y las amenazas nos íbamos a ir de forma inmediata de nuestra casa. Y parece que fue un chollo el precio de venta. Y si a eso añadimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema está claro. Se trata de un negocio. En el caso de que sea el propietario real y no un testaferro”.

Mazorra también carga contra la actuación de los abogados del turno de oficio en el proceso civil: “estoy convencido de que nuestros primeros abogados en el procedimiento civil fueron ‘tocados’ por el fondo buitre. Mi primera abogada, por ejemplo, se abrazó unos minutos antes de la celebración del juicio con la letrada de Desarrollos Las Peñicas y sólo pronunció una frase en el juicio. El abogado de mis compañeros de piso los intentó engañar para que firmaran un documento de desistimiento delante mío. El siguiente abogado que nos designaron ya conjuntamente se dedicó a torpedear la defensa, no se opuso a la sucesión y no presentó recurso de casación, mintiéndonos de forma descarada. Por si no fuera suficiente, mi procuradora renunció en 2022, dejándome en situación de indefensión, lo cual tuvo como resultado el lanzamiento de octubre de 2022. Aunque tengo que decir que mi actual abogada es una excelente profesional”, puntualiza Roberto.

Durante todos estos meses, tanto el propio afectado, como la PAH y la plataforma Stop-Desahucios, han intentado reunirse con los responsables de Vivienda de la Comunidad Autónoma, con resultados infructuosos.

El desahucio del 18 de mayo y la actuación de la policía

Aunque el lanzamiento como tal se suspendió por la huelga, mucho antes de la hora prevista para el desahucio, sobre las siete de la mañana, apareció de improviso un dispositivo policial que con “una inusitada violencia” llegó al portal y quiso acceder al interior de la vivienda donde había numerosos activistas acompañando al afectado por el desahucio.

El propio Roberto Mazorra relata lo sucedido: “en ningún momento preguntaron nada sobre lo que hacíamos allí. Entraron a saco. Al parecer, su intervención fue producto de una supuesta llamada de un vecino por una usurpación flagrante (ocupación). La propaganda antiocupa también afecta a la policía o simplemente algún mando quería hacer el lanzamiento por las bravas. Se supone que el juzgado había pedido auxilio policial por el lanzamiento y además se había comunicado la concentración a las ocho de la mañana por las redes y los medios de comunicación. Es decir, si la policía no estaba informada del asunto es por absoluta negligencia. Si al final atendieron a razones, fue porque se les amenazó con una denuncia ya que estaban cometiendo un delito muy grave, un allanamiento y un abuso de autoridad ya que no tenían orden judicial alguna. Les expliqué que yo vivía allí desde hacía años y que podía demostrarlo”.