El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, así como la secretaria general del PSOE cántabro, Eva Díaz Tezanos, han exigido explicaciones al presidente regional, Ignacio Diego, y han pedido su dimisión ante el informe policial que “contradice” sus explicaciones sobre la estancia en un balneario asturiano que le pagó Aquagest y que disfrutó junto al consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, al revelar que no fue él, sino la empresa quien realizó la reserva.

Todo esto viene del caso Pokemón gallego, del que surgió una rama asturiana, el caso Marea, ambos relacionados con pagos por parte de empresarios a políticos de distintos partidos.

Y entre la documentación judicial aportada en el proceso, apareció que Aquagest, empresa concesionaria de servicios de agua implicada en la trama, había abonado los gastos de la estancia de Diego en un balneario en Las Caldas, en el año 2010, cuando aún no era presidente de Cantabria, pero sí presidente del PP de Cantabria.  Fue acompañado de Francisco Javier Rodríguez Argüeso, hoy consejero de Obras Públicas, entonces portavoz parlamentario.

En su momento Diego explicó que cuando se dio cuenta de esos pagos los había asumido un empresario privado con el que coincidió en el balneario trató de devolver el dinero.

La cosa fue a más cuando la justicia vio indicios de cohecho en esos pagos, derivándolo al Tribunal Supremo por su condición de aforado, al ser diputado, y por haberse producido los hechos fuera de Cantabria.

Fueron esas nuevas revelaciones judiciales las que llevaron a Diego a comparecer en el Parlamento de Cantabria para explicarse, en una intervención en la que recordó que Aquagest, concesionaria del servicio de agua en Astillero recibió esa adjudicación antes de que él fuera alcalde; y también defendió que siempre que acude a balnearios se encargaban de hacer la reserva o él o su mujer.

Sobre este último punto carga las tintas el PRC tras conocerse informes policiales que detallan que la propia reserva la hizo Aquagest y que desmienten esta versión.

EN LOS TRIBUNALES

El asunto está en los tribunales: hay cierta confusión sobre a quién le corresponde asumir este proceso, en el que, además, se produjo cierta descoordinación entre la jueza gallega (la de Pokemon) y la asturiana (Marea).

Ambas manejaron la misma documentación, y al toparse con Diego, se inhibieron, es decir, se echaron para atrás al entender que no era su competencia. Lo que sucedió es que cada una se lo derivó a un órgano diferente.

Por una parte, al Supremo, que ha pedido un informe a la Fiscalía sobre si debe o no asumirlo, y sobre si existe fondo sobre el que investigar.
Y por otra, al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en concreto, a la Sala de lo Civil y lo Penal, cuya titular es Paz Hidalgo (la misma que instruye la causa del Racing, con otro aforado en ella, el diputado del PRC Javier López Marcano), que también ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre el tema, en los mismos términos que el Supremo.

VERSIONES

El PRC ha enumerado las distintas versiones: ya “mintió” nada más hacerse pública su implicación en el escándalo, al asegurar que él mismo pagaba sus viajes personales para posteriormente tener que admitir que la estancia en el balneario asturiano fue abonada por la empresa.

Finalmente, De la Sierra recordaba algunas de las “incongruencias” de las explicaciones ofrecidas hasta ahora por Diego, quien sostiene que no pudo pagar la estancia porque ya había sido abonada por el empresario Henry Laíño, cuando lo cierto es que la factura fue liquidada “un mes y trece días después” de producirse.

Además, añadía, esa factura fue expedida a nombre de Aquagest y abonada en un “paquete” que incluia las estancias de otras cinco personas invitadas, todas ellas “imputadas” en la llamada ‘Operación Pokemon’.

Para la socialista Díaz Tezanos, estos hechos son gravísimos porque “lo que está en juego es la estabilidad del propio sistema democrático y la credibilidad que los ciudadanos tienen en el mismo». El PSOE ha solicitado una comparecencia de Diego en el Parlamento.

ASTILLERO

La noticia del balneario y sus consecuencias explotaban el mismo día, este jueves, en el que en el municipio de El Astillero, del que Diego fue alcalde, se ha convocado un Pleno de carácter extraordinario, en el que la oposición quiere plantear que tanto Diego como su sucesor Carlos Cortina, exalcalde de Astillero, respondan con su propio patrimonio por el impago del IVA en una operación urbanística en el año 2003

Este impago supuso una sentencia del Tribunal Supremo y pérdidas al Consistorio por un valor que se eleva a más de 700.000 euros, según cuantifica la oposición socialista, que pide que sobre ese daño respondan sus responsables a título personal, y no la institución.