Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander (PSOE, PRC e IU-Podemos) han denunciado la «última maniobra» del PP para asegurarse una resolución judicial contraria a la modificación que incorporó las comisiones de investigación al Reglamento, y dar «carpetazo» así a una investigación pública del polémico contrato de las basuras.

Así lo han denunciado en un comunicado, tras la Comisión de Participación de este lunes, en la que el Partido Popular ha impuesto su mayoría absoluta para elevar al próximo Pleno de septiembre un nuevo acuerdo en el que aprobará el allanamiento del Ayuntamiento en el procedimiento judicial que sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en favor de la demanda de los concejales del PP contra el acuerdo del 23 de diciembre de 2021.

De esta manera, los grupos denuncian que el PP evitará que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del asunto y que se celebre una comisión de investigación sobre el anterior contrato de las basuras, como pretendía la mayoría del Pleno la anterior legislatura y cuyo inicio bloqueó la alcaldesa, Gema Igual (PP), con un «decretazo» que también está recurrido a la Justicia.

Como han expuesto reiteradamente, el objetivo de la comisión de investigación de las basuras era aclarar «las irregularidades que llevaron a tener la ciudad más sucia que nunca» y «depurar las responsabilidades políticas» por el «fracaso del contrato y el deterioro de un servicio público esencial que se prolonga hasta nuestros días con un contrato de emergencia que, en noviembre, cumplirá dos años cuando tenía prevista una duración de solo nueve meses».

Además, los grupos de la oposición recalcan que el PP descarta la posibilidad que ofrecen en sus informes, tanto la Asesoría Jurídica Municipal como la Secretaría General, de una revisión de oficio del acuerdo del Pleno impugnado por el PP, lo que habría permitido consolidar la modificación del reglamento para incorporar las comisiones de investigación.

Para la oposición, en todo caso fue el PP, desde los órganos que controlaba (Alcaldía y Junta de Gobierno Local), quien hizo una tramitación defectuosa de aquel acuerdo del Pleno, al omitir el expediente y el dictamen de la Comisión de Participación celebrada el 18 de junio de aquel año, que «ahora se reconoce en los informes que fue plenamente legal».

Tampoco recabó de los servicios municipales los informes de trámite vinculados al acuerdo del Pleno, que «era su competencia y no la de los grupos políticos», tramitándolo finalmente como una aprobación definitiva, «haciendo una lectura interesada y contraria a la Ley del acuerdo» y «al contrario de lo que indicaron los portavoces», para «tratar de forzar su anulación».

Con el allanamiento, que, recuerdan, ya intentó el PP la pasada legislatura, decae también la defensa letrada externa que aprobó el Pleno a propuesta de la mayoría, para ejercer su legítima defensa frente a la demanda de los concejales del Partido Popular contra el Ayuntamiento. «Los grupos impulsores quedamos ahora completamente indefensos», han denunciado.

Por último, lamentan que «toda la intención del PP ha sido obstruir y ocultar» a los santanderinos y santanderinas los motivos que llevaron a la formalización de un contrato «tan nocivo» para la ciudad, la «ausencia de fiscalización» del servicio durante años, la resolución del contrato, los «sobrecostes para la ciudad por la emergencia generada» y el «daño económico» a las arcas municipales por las múltiples sentencias contrarias al interés municipal.

EL PP RESPONDE CARGANDO CONTRA EL «AUTORITARISMO» DE LA OPOSICIÓN

En respuesta, el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz, ha acusado a los grupos de la oposición de cometer ellos ilegalidades y de comportarse con «autoritarismo». 

Díaz asegura  que el informe jurídico dictaminó que se había omitido de forma flagrante el procedimiento legalmente establecido para llevar a cabo una modificación del reglamento, puesto que no se produjo un acuerdo de aprobación inicial ni se sometió al obligatorio trámite de participación ciudadana. Del mismo modo, el acuerdo también carecía del expediente y los informes preceptivos, cuya elaboración en cualquier caso dependía del propio equipo de Gobierno al ser quien tiene la documentación. .

 Con todo, ha precisado que el acuerdo que se lleva al Pleno “en ningún caso impide que los tribunales se pronuncien sobre el asunto”, ya que, según ha subrayado, “es un trámite sujeto a todas las garantías jurídicas”.