La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria ha querido mostrar hoy su rechazo a la posibilidad de que parte de las pantallas digitales destinadas a los centros públicos se vayan a colocar finalmente en centros concertados.

FAPA Cantabria denuncia que, con esta medida, el nuevo gobierno está poniendo en evidencia lo que públicamente niega: su deseo de apostar por la financiación a los servicios privados en detrimento de los públicos.

Por su parte, el secretario de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha descrito como “impresentable y una nueva afrenta a la educación pública” que el consejero Silva “detraiga recursos a los centros públicos con la excusa de evitar la sobreexposición del alumnado de primaria a las pantallas, para acto seguido, y en un severo ejercicio de cinismo, facilitar esos mismos recursos a los centros concertados”.

Para el responsable morado, si la intención del consejero de Educación ha sido desde el principio desviar recursos a los centros privados, debería haber sido más valiente y plantearlo abiertamente argumentando dicha decisión. “Sin embargo, Sergio Silva nos quiere colar una medida a sabiendas de que es injusta, con la ridícula excusa de proteger al alumnado de la escuela pública. Cabe la posibilidad de que el consejero estime que, encima, le tenemos que dar las gracias por pensar en la salud de nuestros hijos e hijas”, ha recalcado González.

POSTURA DE LA FAPA

La federación de las AMPA de centros públicos ha querido recordar que el proyecto de presupuestos de 2024 para Cantabria ya recoge un aumento de más de 10 millones de euros en la partida destinada a centros concertados con respecto a 2023, que se ha justificado desde la Consejería bajo la premisa de que, en la práctica, ya se les estaban destinando esos fondos a través de otras partidas. Sin embargo, ahora nos encontramos con que, pese a ese considerable aumento de fondos, se sigue dotando de recursos a esos centros a través de otras partidas.

Además, las familias cuestionan que, con una dotación ya planificada que los centros estaban esperando y con la compra ya realizada, en el último momento la Consejería haya «descubierto» que las pantallas resultan perjudiciales para el alumnado y detenga su distribución, para luego desviar su destino a los centros concertados.

Para las familias, esta justificación se une a la recomendación de prohibir el uso de dispositivos móviles en los centros educativos en una demostración de improvisación y falta de objetivos claros en el ámbito digital. FAPA Cantabria ha manifestado reiteradamente su preocupación por el mal y excesivo uso de dispositivos móviles por parte del alumnado, pero cree necesario que esta problemática se aborde desde un punto de vista educativo, en consenso con toda la comunidad educativa, ayudando al alumnado a realizar un uso responsable, aprovechando las utilidades que aportan, sabiendo distinguir sus peligros y cuando deben o no usarles, en lugar de caer en eliminar su uso sin ninguna medida educativa que lo acompañe.

PODEMOS

Desde Podemos declaran que la excusa aducida por la consejería pone de manifiesto una profunda falta de respeto hacia maestros y maestras, ya que “deja entrever que no tienen la suficiente capacidad para dar un buen uso de este recurso en el aula, y debido a ello fuesen a infligir un daño intencionado a su alumnado lo cual es, simultáneamente, un despropósito y un insulto a la inteligencia”.

“¿Cómo se puede ser tan torpe y estar al frente de la Consejería de Educación?”, se pregunta Pablo González. “Desde Podemos no nos vamos a callar cuando se está tratando de forma tan injusta a los CEIP´s públicos de Cantabria, porque siempre se nos encontrará luchando para que todos los recursos públicos se destinen a la escuela pública, y se trate al profesorado y a los equipos directivos con dignidad y respeto”, ha dicho el secretario de Educación de la formación morada.

Por último, González ha subrayado que “el consejero Silva sabe perfectamente que esta decisión es muy injusta y por eso ha puesto una excusa muy burda. Con decisiones antisociales como esta”, concluye, “el PP busca precarizar los recursos de los que disponen los centros educativos públicos, en beneficio del negocio de los concertados”.

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