Un grupo de abogados cántabros demandará al Colegio de la Abogacía por el posicionamiento que, de forma oficial, trasladaron sobre el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central PSOE-Sumar y las referencias a la amnistía o al lawfare (el uso de la Justicia y estructuras del Estado con fines políticos).

En concreto, se refieren al acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía, organismo que representa los intereses y reivindicaciones de los profesionales del derecho en Cantabria, y al que deben colegiarse para poder ejercer.

Según reflejan en un recurso contencioso-administrativo al que ha tenido acceso EL FARADIO, ese acuerdo, remarcan, incluye posicionamientos sobre “cuestiones de carácter netamente político, totalmente ajenas a la función de defensa de intereses profesionales”.

En detalle, en el acuerdo se mostraba la “preocupación” por los acuerdos en los que, interpretaban, se “pone en cuestión” la organización del Estado o la división de poderes; y tachaban de “inadmisible” que se incluyera la “posibilidad” de poner en cuestión el trabajo de jueces y magistrados.

En ese sentido, tampoco veían “admisible” queel acuerdo mencionara lo que definen como “ revisión de la labor de los Tribunales” o que se pueda determinar la “exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados”. El documento aludía a la creación de comisiones parlamentarias de investigaciones sobre episodios de judicialización de la política.

Este grupo de abogados defiende que ese posicionamiento “lesiona” sus derechos fundamentales a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación en su vertiente negativa y a la participación política,  incluidos en la Constitución.

Es, remarcan, un posicionamiento ”negativo y adverso” sobre un documento “netamente político”, el acuerdo PSOE-Junts, en base al cual se armó una mayoría democrática en el Congreso. .

Es, por tanto, una “ inadmisible interferencia en el debate político en cuanto que implica y supone la clara asunción por el Colegio de la Abogacía de una opción ideológica y política determinada” y “(coincidente con la de los partidos políticos: Partido Popular y Vox”.

Con ella, añaden, se transmite a la opinión pública que esos pronunciamientos, declaraciones, posicionamientos u opiniones “constituyen la doctrina política oficial de la citada corporación profesional”.

Y los abogados hacen hincapié en que la pertenencia al Colegio (la colegiación) es obligatoria, mientras que las libertades fundamentales mencionadas, la ideológica, de expresión, de asociación y de participación política, “son de ejercicio individual y no pueden ser asumidas colectivamente por una corporación pública de afiliación obligatoria”, tal y como respaldan con sentencia del Supremo que establecen la importancia de la neutralidad en lo político e ideológico.

En concreto, los abogados demandantes son Guillermo Franciso Sales, Angela Fernanda Gutiérrez, Teresa Huertas, Roberto Pellón, Luis María Pozo, Alberto Rubio, María Luz Ruiz Sinde, con mucha trayectoria en causas ecologistas;  Miguel Saro (ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Santander), Daniel Fernández (portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Eugenia Gómez de Diego (diputada en el PSOE y exconsejera de Empleo), Javier Gómez-Acebo –que fue presidente del CES, Consejo Económico y Social- y Teresa Montero.