La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha denunciado que la mala gestión y ejecución de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria de los fondos europeos ha dejado escapar casi tres millones de euros que debían ir destinados a la instalación de ordenadores en 3.233 aulas digitales de 266 centros educativos públicos de la región.

Así se desprende del análisis realizado por el sindicato que, tras solicitar toda la documentación sobre la licitación de equipos de apoyo para aulas digitales al Portal de Transparencia, ha detectado que la Consejería de Educación “desistió de la licitación de 2,8 millones de euros destinados a equipar aulas digitales el pasado mes de octubre, a pesar de que el proceso comenzó el pasado mes de marzo y su trámite avanzó durante el mes de agosto, hasta llegar a la propuesta de adjudicación”, como ha recalcado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria.

Sánchez ha vinculado este procedimiento, a licitación para adquirir equipamiento informático para centros educativos a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional React-EU, “con el desvío de pizarras digitales a centros concertados que hemos conocido recientemente, porque en paralelo a esta decisión de desviar fondos de la pública a la privada, la Consejería ha desistido de la compra de estos equipos informáticos, fundamentales para el funcionamiento de las pizarras”.

Efectivamente, como ha subrayado Sánchez, “la justificación de la licitación, como recoge el propio pliego analizado por el sindicato, se fundamenta en la necesidad de disponer de un equipo de apoyo que sirva especialmente al docente para desempeñar su trabajo en el aula”. En la actualidad “nos encontramos con que estos puestos de apoyo existen en la mayoría de las aulas, pero están obsoletos y es necesaria su renovación para poder utilizarlos, por lo que teníamos unas pantallas sin ordenadores con los que funcionar y que, ahora, ha dejado escapar Educación”.

Sánchez, que desconoce si esta decisión responde a una negligencia administrativa o a cuestiones políticas, ha reclamado que “no queremos que se usen argumentos pedagógicos para tapar estas decisiones que responden a otros motivos en pro de las empresas privadas” y ha criticado que “hay docentes que no pueden hacer su trabajo porque, mientras Educación les exige competencias digitales y han empleado su tiempo y esfuerzo en formarse, no tienen los medios necesarios para ello”.

La Federación de Enseñanza ha exigido “transparencia e información respecto del grado de ejecución de todos los proyectos ligados a los fondos europeos, para conocer el destino y uso de todos los equipos que se hayan comprado y comprobar así si se han desviado más fondos de la pública a la privada”. En el corto plazo, Sánchez ha emplazado a Educación “a comprar los 3.233 equipos informáticos para las aulas y no privar al alumnado de la enseñanza pública de medios digitales”.

No es la primera ocasión en la que la Federación de Enseñanza ha mostrado su preocupación y pedido explicaciones sobre la forma en que se iban a gastar los Fondos Europeos. “Ya hace meses que tomamos la iniciativa, nos hemos reunido con la Dirección General y hemos venido avisando de que corríamos el riesgo de quedarnos sin el dinero o los servicios”, ha recalcado Sánchez.