La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) insta a la sociedad a reflexionar sobre la responsabilidad y el respeto hacia los animales, remarcando que son seres sintientes, no objetos ni juguetes, y su inclusión en un hogar debe ser una decisión meditada. Así mismo, exigen a la Administración tanto local como autonómica que empiecen a cumplir con las obligaciones que les impone la nueva Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Desde Dean hacen un llamamiento a la comunidad cántabra sobre la adopción responsable y recuerdan a la Administración que la nueva Ley señala en su artículo 33 que “corresponde a las administraciones públicas el fomento de la convivencia responsable con animales, mediante la realización de campañas dirigidas a promocionar la protección y defensa de los animales, la adopción de animales de compañía, el conocimiento del comportamiento animal y el perjuicio social relacionado con el maltrato animal, resaltando los beneficios que, para el desarrollo de la personalidad, conlleva la convivencia con animales”.

Cientos de perros y gatos abandonados recogidos por las asociaciones protectoras esperan una segunda oportunidad en refugios y casas de acogida. “La incorporación de un nuevo animal a la familia debe seruna decisión meditadapuesto que requiere compromiso, tiempo, cuidados, atención veterinaria y una gran responsabilidad económica», señala Victoria Cedrún, portavoz de Dean.

La federación recalca la prohibición, desde el 29 de septiembre, de “la cría comercial de cualquier especie de animal de compañía por criadores no inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía” y “la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales”.

De igual forma, Dean exige al gobierno autonómico la actualización de la normativa autonómica sobre bienestar animal, totalmente obsoleta (data de 1992) y que en este momento no cumple los mínimos establecidos en la nueva normativa estatal.

“La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria no ha hecho los deberes. La Ley 3/1992 de Protección de los Animales de Cantabria, no sólo no recoge el Sacrificio Cero, ni la implantación del método CER (captura, esterilización y retorno) como método de control ético de colonias felinas, sino que ni siquiera se han preocupado de exigir a los Ayuntamientos cántabros el cumplimiento de su obligación de recogida de animales abandonados”, subraya Cedrún.

La nueva ley establece que «corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y su alojamiento en un centro de protección animal». Para ello, añade literalmente la ley, «deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las 24 horas del día». Esta gestión, se indica, «podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal».

“Hasta este momento, de los 102 municipios cántabros, menos de un 50% tienen contratado un servicio de recogida. El incumplimiento de su obligación constituye una infracción administrativa que debería ser sancionada desde la propia Consejería, pero parece que a ésta le corre más prisa la concesión de nuevos cotos de caza que velar por el bienestar animal y establecer convenios de colaboración con las asociaciones defensoras de los animales registradas en Cantabria”, sentencia la portavoz.