La Junta de Personal de Funcionarios del Gobierno de Cantabria (formada por representantes de los sindicatos TU, CCOO, SIEP, CSIF y UGT) han mostrado su preocupación por las últimas decisiones del Ejecutivo del PP en las que se deriva a empresas o agentes externos la gestión de distintos procesos públicos, desde la selección de personal o distintos trámites, ambos en el campo de los servicios sociales.

En un comunicado, recuerdan la encomienda a una empresa externa de la gestión de expedientes administrativos del área de la dependencia, como continuación a una estrategia que ya se ha aplicado en la contratación de servicios de enfermería en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana, en Torrelavega.

Según señalan, “nuestros centros de dependencia cuentan con un colectivo sanitario cada vez más reducido y cada vez más agotado”. Unas “deficiencias” de personal que han ido sumando “deterioro” y cuyo resultado al final se traduce en “un aumento desmedido de horas fuera de jornada, jornadas adicionales, etc…”, dándose casos como turnos en los que no hay personal de enfermería o el personal presente está por debajo de los mínimos pactados anualmente en los calendarios negociados. En el momento actual se deben cientos de horas al personal de enfermería por tiempo trabajado fuera de su jornada normal, añaden, y es “por la ineficacia de la administración en la contratación de personal”.

“Mucho nos tememos que esto suponga una puerta abierta a la externalización de los servicios socio-sanitarios en general y de enfermería en particular”, alertan desde este órgano de representación de los trabajadores públicos, que recuerda cuando en la anterior gestión del PP la residencia La Pereda, en el Sardinero, se puso en venta, siendo un centro público, para acabar, en la actualidad, tras culminar el proceso, como una residencia privada de lujo. ”¿Estamos ante la continuación del plan que se inició en 2012 con el cierre del centro de La Pereda?”, inquieren.

Ante esta “deriva” que “debe revertirse de inmediato”, exigen a la Administración que se siente con ellos para negociar soluciones que puedan aplicarse con toda urgencia., “antes de que el deterioro de la situación nos aboque a adoptar otras medidas”.