La Fundación Franz Weber acudirá al Defensor del Pueblo si no recibe respuesta del Gobierno por el evento taurino en Pesaguero

La normativa sobre Transparencia y Buen Gobierno determina que las peticiones deben resolverse en un plazo de 30 días desde su registro efectivo
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La Fundación Franz Weber ha advertido que acudirá al Defensor del Pueblo si el Gobierno de Cantabria no da respuesta, en tiempo y forma, a la solicitud de información sobre el apoyo que prestó a la realización de una corrida de toros en el término municipal de Pesaguero.

La ONG registró su petición se realizó el pasado 8 de febrero y la normativa sobre Transparencia y Buen Gobierno establece que las administraciones interpeladas disponen de un plazo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes realizadas desde el momento de su registro efectivo. El sistema electrónico de seguimiento interpreta que ese plazo comenzó el mismo día.

Los naturalistas lamentan la lentitud del ejecutivo autonómico en dar respuesta a una solicitud sobre su acción de Gobierno pero se muestre ágil en ofrecer apoyo público a la tauromaquia: El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y la consejera de Presidencia se fotografiaron en el tendido de la plaza portátil alabando esta convocatoria.

Así, FFW lamenta la presencia de dos cargos institucionales durante la ejecución pública de varios toros y censuran que su orden de prioridades sea considerar la tauromaquia como tradición propia de Cantabria mientras dejan de lado responsabilidades como la política de vivienda, de protección de la Naturaleza o acercar la administración digital a la ciudadanía mayor.

La realidad es que la corrida de toros fue incapaz de llenar la plaza portátil, ni con el transporte de aficionados de otras localidades y desde la capital, Santander, ni con el apoyo de asociaciones como el Grupo de Acción Local de la comarca de Liébana, varios consistorios y el propio municipio promotor, Pesaguero.

Tampoco el Gobierno local ha realizado medida alguna de transparencia al respecto de su soporte o patrocinio taurino, mostrando una vez más la opacidad con la que actúan algunas administraciones públicas con los medios titularidad de todos sus conciudadanos y conciudadanas cuando se trata de plegarse al lobby de la tauromaquia.

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