El verano pasado, recordamos, fue un intenso verano de descubrimientos para el equipo de Gobierno `popular’ en Santander, ya que fue cuando, sobre todo a su término, llegó la revelación del impacto de las viviendas turísticas en el precio de los alquileres (y eso pese a que, siguiendo el ideario que vienen defendiendo, a más viviendas, más bajada de precios, por tanto, a menos vivienda disponible, que es lo que supone la mayor disposición de esta modalidad, pues más precios, siempre según su propio ideario).

Esa súbita revelación no se tradujo en la adopción de medidas, derivando cualquier solución a lo que hiciera con el nuevo decreto de viviendas turísticas el Gobierno de Cantabria (cuya responsable de Turismo tuvo que recordar que los municipios tienen una herramienta para definir los usos del territorio llamada urbanismo y concretada en sus planes generales), y pese a la evidencia de que municipios como Bilbao o Barcelona demostraban que, efectivamente, desde los municipios se pueden desarrollar políticas sobre viviendas turísticas.

Ese decreto autonómico empezará a redactarse en breve (la simplificación administrativa no ha logrado agilizar los plazos, de modo que estará ya después del verano, la época de mayor intensidad de uso) y el Ejecutivo está en la fase de recabar opiniones.

Entre ellas, la de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (que también es diputada autonómica por el PP), quien se reunía este lunes con responsables de la Asociación de Hostelería de Cantabria y con representantes de varios hoteles de la ciudad.

Esta reunión sucede a las que mantuvo con representantes vecinales (la FECAV y la Confederación de Consumidores y Vecinos de Santander y Cantabria) y de todo ello saldrá un documento ya cerrado.

Tras el descubrimiento del pasado verano, llegó otro mayor a la Casona, el del crecimiento “exponencial” y la “demanda descontrolada”: según datos del Ejecutivo autonómico, el número de declaraciones responsables de viviendas de uso turístico (la declaración responsable es una fórmula que fía a la responsabilidad del usuario el cumplimiento de las normas y condiciones) presentadas en la comunidad en 2023 ascendieron a 2.031, lo que supone un 128 por ciento más que el año anterior.

Fiel a su tendencia a mirar lo que hacen otras administraciones (incluso aunque gobiernen sus compañeros de partido, caso del Gobierno de Cantabria), el Ayuntamiento se centraba en los datos de viviendas autonómicas, pudiendo citar sus propios datos, que además figuraban en su Plan de Vivienda, extraídos del INE: según ellos, en Santander el ritmo de crecimiento de las viviendas turísticas en Santander es notable, con entre 200 y 300 nuevas cada año y 1.500 plazas en dos años, según una estadística experimental sobre vivienda turística que elabora el INE, el Instituto Nacional de Estadística.

Santander suma 1.500 nuevas plazas en viviendas turísticas en dos años

En el diagnóstico con estos interlocutores ni figura ninguna alusión al impacto que las viviendas turísticas están teniendo en la subida de precios general, fundamentalmente del alquiler: ni el médico de Valdecilla ni los universitarios de curso entero son ya inquilinos rentables. Tampoco se refirieron a ello en la otra reunión, con representantes vecinales.

Y no es que el Ayuntamiento no haya analizado el fenómeno: en su diagnostico desgrana el impacto en áreas como la seguridad, en el sentido de que viviendas turísticas pueden convertirse en un lugar “seguro” para el alojamiento de posibles delincuentes, ante la falta de trámites de identificación y comprobación por parte de los propietarios; o la perspectiva ambiental, por el uso de recursos o por la dificultad de medir el impacto ambiental o la huella de CO2 del sector o la implantación de otras medidas de medición y control, como las que se están implementando en hoteles u otros establecimientos.

Para los hoteles, la alcaldesa tenía un mensaje: el uso responsable de los recursos ante la elevada rotación que se produce, que debería fomentarse también en las viviendas turísticas.

En plena fiebre de la conversión de bajos en viviendas (siguiendo la tendencia de grandes ciudades como Madrid) para su posterior uso turístico, como atestigua cualquier empresa del sector de la construcción y reformas, no ha trascendido nada nuevo de aquella idea que lanzó la alcaldesa en la presentación del Plan de Vivienda (y de la que no había ni rastro en el propio documento): centrar en esos bajos comerciales las viviendas turísticas, lo que por un lado se erige como una especie de ‘rescate rentista’, al permitir dar usos más rentables a locales comerciales, algunos vacíos durante años sin bajadas de precio que los hagan más atractivos a la demanda del mercado real, a la espera de la ser atractivos para franquicia; pero que también abría muchas dudas sobre qué pasaría con las viviendas turísticas que hay en los propios pisos.

El rescate rentista

En cualquier caso, el propio Plan de Vivienda de Santander, que sí aludía al impacto del turismo, no hacía referencia a esa reflexión en voz alta de la regidora.