RUGE –Revolución Ugetista, la organización juvenil de UGT, a cuyo frente está el cántabro Eduardo Magaldi, rechaza «rotundamente» la nueva medida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que las personas que realizaron periodos de formación práctica antes del 1 de enero de 2024 deberán abonar 290 euros por cada mes de formación si quieren esos periodos de cotización se tengan en cuenta para su jubilación.

En un comunicado junto a UGT, ambas organizaciones consideran que la Orden Ministerial, que recoge las condiciones por las que las antiguas personas becarias podrán suscribir dicho convenio, ha sido tramitada sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales, cuyas aportaciones para mejorar la medida fueron ignoradas, y sin escuchar las reivindicaciones de los colectivos afectados. Por ello, el resultado es una medida impopular, que incumple los principios básicos del Estado del Bienestar de justicia social y equidad contributiva.

La disposición obliga a cotizar dichos períodos a coste actual de las cotizaciones, aunque estos se realizaran 20 o 30 años atrás y exige a la persona becaria a asumir el coste de la parte empresarial, pero es que además, supone una discriminación adicional con los períodos de prácticas actuales, a los que se les está concediendo una bonificación de cotizaciones del 95%, mientras que al resto de personas afectadas se les exige abonar el 100% de la cuota íntegra, (incluyendo la parte empresarial).

Por ello, RUGE y UGT no entienden que el Ministerio venda la iniciativa como algo exitoso pues, lejos de arreglar los desequilibrios generados entre el alumnado, supone una doble discriminación y una grave injusticia para las personas que realizaron sus prácticas en años anteriores al tener que hacer frente a una carga totalmente abusiva.

Es una perversión del sistema

«Condicionar el reconocimiento de estos periodos al pago de una cantidad por parte de la persona afectada, da lugar a una perversión del sistema de pensiones y limita su uso para tan solo unas pocas personas, las que puedan asumir el coste. La protección de las personas becarias e investigadoras, especialmente con aquellos colectivos que se encuentran a las puertas de la jubilación y requieren de estos periodos para poder optar a la jubilación contributiva mínima, es de justicia», censuran.

Por todo lo anterior, UGT y RUGE reclaman al Gobierno que dé marcha atrás y opte por medidas que supongan una verdadera reparación de los abusos y fraudes sufridos por el antiguo y actual personal becario e investigador priorizando su protección y sus derechos laborales y garantizando una verdadera igualdad de condiciones y oportunidades para todas.