El Puerto de Santander se dotó en 2018 de un protocolo para la manipulación de explosivos con el que regular las estancias por sus instalaciones de los buques de Bahri, la compañía estatal de saudí, que cargaba bombas y armas que acaban usadas en la guerra de Yemen, un conflicto que en esos momentos causaba decenas de miles de muertos y desplazados entre la población civil, como denunciaron reiteradamente organizaciones de la sociedad civil como Pasaje Seguro o Amnistía Internacional, entre otras.

El protocolo, tal y como viene contando EL FARADIO, se aprobó a finales de 2018, y para 2019 existieron unas normas nuevas que directamente impidieron estos tráficos, lo que ha supuesto que el Puerto de Santander no esté incurso en los envíos de armas de Israel contra Gaza.

Lo que sucedió es que para cuando se aprobó ese primer protocolo al Puerto de Santander ya habían llegado al menos siete barcos de los contabilizados por Pasaje Seguro, La Guerra Empieza Aquí o el Centro Delàs, y que llegaron aquí después de ser expulsados de Bilbao a raíz del rechazo social tras conocerse estos tráficos por la acción de desobediencia civil del bombero Ina Robles.– Fueron años, por cierto, en los que se invocaba entre los argumentos para defender estas cargas su peso económico: no parece que el Puerto de Bilbao ni el de Santander se hayan resentido tras su pérdida–.

Con el protocolo en la mano, no se hubieran podido hacer cargas de noche, como hizo en septiembre de 2018 –pocos meses antes de la aprobación del protocolo- el Bahri Hazan, con una carga de armas que luego trascendió que acabaron siendo usadas contra población civil en Yemen.

La carga nocturna figuraba en la denuncia que en su día hizo Pasaje Seguro ante el Juzgado, y fue confirmada por el propio Gobierno de España en respuesta a preguntas en el Congreso de diputados del grupo Unidas Podemos, el vasco David Carracedo y Rosana Alonso, parlamentaria por Cantabria.

En esa visita hubo retrasos –también regulados- y se efectuó n los muelles más cercanos a Castilla-Hermida.

Las sospechas sobre irregularidades en las visitas de Bahri al Puerto fueron constantes durante esos años, tanto en denuncias judiciales como en mensajes a la sociedad a través de los medios: se llegó a abrir una investigación judicial mediante la que el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander pidió a la Autoridad Portuaria que acreditara si las cargas de explosivos cumplían la normativa.

Así, Pasaje Seguro advirtió de que en varias ocasiones estos barcos habían navegado con sus sistemas de localización apagados en las cercanías del Puerto, o que se han producido cargas y descargas cerca de zonas habitadas en lugar de en áreas específicas y alejadas.

Las preguntas sobre el cumplimiento de la legalidad fueron recurrentes en aquellos años, tanto desde Pasaje Seguro como Unidas Podemos.

LA INSTRUCCIÓN

En concreto, la instrucción aprobada en diciembre de 2018 perseguía que las operaciones de manipulación de explosivo se desarrollaran “con las debidas garantías de seguridad”.

Medidas que afectan a la llegada como el atraque en proa a mar abierto, el acceso fácil por los remolcadores o la máquina propulsora lista para salir si fuese necesario; pero también a la manipulación de explosivos, desde la regulación de la zona, su vallado y el personal presente, a los trabajos que no pueden desarrollarse mientras tanto, el embalaje de los explosivos o la disposición de los vehículos que formen parte del convoy.

La duración de la estancia, la prohibición de almacenamiento, el hacerlo sólo con luz diurna o con las condiciones meteorológicas adecuadas (si son adversas, se suspenderán),la prohibición de fumar o llevar material inflamable o combustible, o la actuación ante emergencias son otros de los aspectos que regula la instrucción.

MÁS NORMAS

En cualquier caso, todas estas regulaciones iban por la instrucción del Puerto, pero eran eso, las normas del Puerto de Santander, que en todo caso se sumaban a otras normativas existentes, desde el Reglamento de Mercancias, junto a leyes estatales e internacionales, no sólo en materia portuaria o de transporte, sino de derechos humanos.