La Federación de Municipios de Cantabria (FMC, un órgano de representación y debate de los alcaldes de la comunidad) no implantará un criterio común para la gestión de los desahucios, como reclamaba el colectivo sobre el acceso a la vivienda Derecho Subjetivo.

En lugar de fijar esa postura común, lo que hace es derivar el asunto a que sea cada ayuntamiento a título individual el qué decida como gestionar los desalojos de familias vulnerables, esto es, la vivienda de emergencia, la necesidad de servicios sociales o asistencia psicológica…, competencias que en muchos casos recaen en los municipios y que responden a necesidades que se producen cada vez que se ejecuta un desahucio.

Tampoco habrá una postura común de la Federación de Municipios sobre las viviendas turísticas, después de que el Gobierno de Cantabria haya presentado el borrador de su decreto y se haya abierto un período de alegaciones para quien quiera presentar propuestas ante un problema que está influyendo en la subida de los precios de los alquileres y traduciéndose también en desahucios, y que, de nuevo, será para los municipios que así quieran, pero sin postura común de la entidad que representa a todos.

Desde Derecho Subjetivo, colectivo impulsor de este protocolo, lamentaban esta falta de postura de la FMC: “Para este viaje, no necesitábamos alforjas”.

Según recordaban, conociendo de sobra que cada ayuntamiento es soberano en sus decisiones, esperaban una decisión que al menos afectara a los partidos políticos y a sus alcaldes, motivo por el cual habían contactado fundamentalmente con PP, PRC y PSOE por ser los que más alcaldes concitan, y que fueron, señalan, quienes les instaron a acudir a la Federación de Municipios.

“Asumimos que hemos fracasado. No hemos sabido transmitir la necesidad de ayuda que tienen las familias víctimas de desahucios. No hemos sabido transmitir la angustia y ansiedad sufrida por ésas personas, que en ocasiones desemboca incluso en suicidio”, constatan desde Derecho Subjetivo.

No obstante, este movimiento de defensa del derecho a la vivienda avanza que seguirá insistiendo en la necesidad de este protocolo, para lo que contactarán con los partidos políticos para convencerles de su necesidad.