La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander y Cantabria ha buscado apoyos para introducir una moratoria en la concesión de licencias a pisos turísticos en la capital de la región. Esta propuesta se espera introducir en el Pleno del Ayuntamiento de Santander, respondiendo a la necesidad de regularlo, por el impacto que pueden suponer en cuanto a la accesibilidad de vivienda para los residentes locales. La PAH sostiene que la medida es crucial para parar el aumento de estos alquileres.

Lo que la Plataforma está solicitando es la implementación de una serie de medidas para abordar la problemática de los pisos turísticos en Santander. Entre sus principales peticiones se encuentra la creación de un censo exhaustivo de estas viviendas, con el fin de identificar y regular aquellas que son ilegales o no tienen los permisos adecuados. Además, propone la introducción de una tasa turística, que se aplique a las viviendas de alquiler turístico, lo que serviría tanto para desincentivar el uso especulativo de la vivienda como para financiar programas de vivienda pública y accesible. La PAH también quiere que se apueste por una mayor fiscalización y control de estas propiedades, para asegurar que cumplan con las normativas vigentes, y por la promoción de políticas que prioricen el derecho a la vivienda sobre los intereses comerciales​.

En los últimos años, Santander, como muchas de las ciudades en España, ha experimentado un aumento significativo en la oferta de pisos turísticos, que ofrecen más plazas que los propios hoteles. Se calcula que hay alrededor de 6.000 pisos en toda la ciudad, de los cuales el 10% está registrado oficialmente, según la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. La falta de regulación ha hecho que este negocio crezca de forma descontrolada y falten viviendas para la gente que reside en la ciudad y busca un alquiler.

Este panorama no es exclusivo de Santander. Otras ciudades se enfrentan también a este problema y ya han implantado medidas al respecto, como es el caso de Madrid, que ha aprobado recientemente una moratoria para las nuevas licencias de pisos turísticos, sumándose así a otras ciudades de España. En Cantabria, el reciente borrador del decreto de pisos turísticos, propuesto por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, buscaba establecer un marco legal claro que incluyese un censo y la imposición de límites. Esto, sin embargo, lejos de regular, da capacidad a cada ayuntamiento a hacer lo que considere más adecuado.

Actualmente este borrador se encuentra en fase de consulta pública y es que la propuesta ha generado grandes críticas por parte de la oposición. Mientras que por un lado partidos como el Partido Regionalista de Cantabria han mostrado su apoyo, asegurando que promueve un equilibro adecuado entre el turismo y la calidad de vida de los ciudadanos, desde Izquierda Unida, PSOE y Cantabristas han recriminado la nula eficacia de la futura medida que, como han expresado, “no lucha contra la especulación ni el alza de los precios”.

Debido a la ausencia de representación política directa, la PAH ha decidido buscar el apoyo de diferentes partidos políticos para llevar su propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Santander. El pasado 8 de julio el grupo se reunió con Felipe Piña, concejal del PRC, quién se mostró favorable a la moratoria pero enfatizó en la necesidad de “hacer un estudio exhaustivo para evaluar el impacto de los pisos turísticos en diferentes áreas de la ciudad”. Piña destacó la importancia de “un enfoque equilibrado” para asegurar “un turismo que beneficie a la ciudad sin comprometer la calidad de vida de sus residentes”.

La PAH, también era recibida por Keruin Martínez, el portavoz y concejal del Izquierda Unida, el 11 de julio. IU expresó su apoyo total a esta moratoria e incluso propuso una serie de medidas adicionales, como la implementación de un censo de pisos turísticos y una tasa turística que controle que se usen más viviendas para estos fines. Keruin Martínez también subrayó «la necesidad de una inspección general para garantizar que todas las viviendas turísticas cumplan las normativas vigentes».