La asociación Derecho a Morir Dignamente participa en el Congreso de Educación Médica de Santander

El médico Fernando Marín, vicepresidente de DMD, participa el viernes 13 de septiembre en una mesa redonda sobre la Ley de Eutanasia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria
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La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) participa en el Congreso de Educación Médica que la ciudad de Santander acoge los días 12, 13 y 14 de septiembre.

Fernando Marín, médico y vicepresidente de DMD, es uno de los ponentes invitados al congreso organizado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que celebra su decimosexta edición en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.

En concreto, Fernando Marín interviene el viernes 13 de septiembre a las 13.00 horas en la mesa redonda sobre ‘Ley de Eutanasia y Documento de Voluntades Propias’. El XVI Congreso de Educación Médica cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, del Rectorado de la Universidad de Cantabria y del Colegio de Médicos de Cantabria.

Fernando Marín (Granada, 1964) es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, máster en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid, y trabajó en diferentes organizaciones antes de participar en Derecho a Morir Dignamente, en la que, además de vicepresidente, es coordinador de la atención personalizada sobre decisiones al final de la vida que ofrece la asociación.

También es autor del blog morirencasa.es y de numerosos artículos de divulgación sobre muerte digna y disponibilidad de la propia vida.

Derecho a Morir Dignamente es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 8.000 personas socias, que cumple 40 años dedicada a la defensa de los derechos al final de la vida. Durante este tiempo ha sido la principal impulsora de la Ley de Eutanasia aprobada en España en 2021. Tres años después, DMD sigue reivindicando estos derechos, porque casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia en España fallecen durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir, porque en España los casos se resuelven en una media de 75 días, cuando no deberían demorarse más de 35.

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