La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzga este jueves a las 12.00 horas a un hombre por delitos de allanamiento de morada, amenazas y daños.

Está acusado de entrar por la fuerza en la vivienda de su expareja y amenazarla con matarla y quitarle a su hija.

Según el escrito elevado a la Audiencia Provincial y suscrito por el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa del acusado, este acudió al domicilio de su expareja y llamó al portero automático. Cuando la mujer descolgó el telefonillo, el investigado le exigió que le abriera para ver a la hija que tienen en común y, ante la negativa de ella, comenzó a gritarle “te voy a matar, te voy a quitar a la niña”.

El hombre golpeó el cristal de la puerta del portal hasta que lo quebró.

La mujer, que había oído lo sucedido en la puerta de acceso al edificio, cerró todas las persianas de la vivienda y se encerró en la única habitación de la vivienda que tenía cerrojo junto con su hija y su compañera de piso, que llamó a la policía.

Entre tanto, el acusado subió al piso donde ella vivía, aporreó la puerta con fuerza hasta que la rompió. Una vez dentro, comenzó a golpear la puerta de la habitación en la que se encontraban refugiadas las inquilinas de la casa.

El hombre, que en todo momento gritaba amenazando a la mujer, no abandonó la vivienda pese a los requerimientos que le hacía su expareja. Finalmente llegaron los agentes de la policía local.

Los hechos son calificados por las partes como un delito de allanamiento de morada, otro de violencia de género en la modalidad de amenazas y otro de daños.

Concurren dos circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: una agravante de parentesco y otra atenuante de reparación del daño, ya que el hombre ha abonado 325 euros para el pago de los daños producidos en el edificio.

El escrito consensuado por todas las partes señala que los delitos son merecedores de una pena de dos años de prisión, 3.960 euros de multa, prohibición de acercarse y comunicar con la víctima durante siete años, 75 días de trabajos en beneficio de la comunidad y dos años de privación del derecho a tenencia y porte de armas.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a su expareja con 1.000 euros por los daños morales causados.