Pasaje Seguro llama a la ciudadanía a concentrarse junto a la Delegación del Gobierno de Santander el jueves 3 de octubre a las 7 de la tarde, en solidaridad con las familias de las más de 50 personas desaparecidas, y, con gran probabilidad desgraciadamente ahogadas el pasado 28 de septiembre, cuando el cayuco en el que viajaban volcó junto a la isla de El Hierro.

El grupo ciudadano considera que “la conmoción que provoca la constatación de las muertes injustas por migrar junto a nuestro territorio debe servir para hacernos conscientes de la gran mortandad que provoca el cierre injusto de las fronteras, de la gran mortandad que provoca la negativa española y europea de abrir rutas seguras para migrar”. Sólo en lo que llevamos de 2024 más de cinco mil migrantes han muerto o desaparecido en la travesía a Canarias, cifras que rezuman sangre si las cruzamos con las del total de treinta mil personas que han logrado desembarcar en las islas en lo que llevamos de año, añaden,

Asimismo, observan que la constatación de esta realidad de muerte “debe servir también para impugnar las políticas migratorias europeas que las causan”.

“No se puede tratar a las personas que necesitan migrar como delincuentes o invasores, no se puede seguir ignorando que la situación de guerras, sequía, y saqueo neocolonial de África empujan a muchas personas a la migración”, enfatizan, al igual que “tampoco se puede aceptar la total falta de reciprocidad en los movimientos migratorios, mientras la gran mayoría de l@s europeos podemos viajar y movernos por buena parte del mundo, cerramos la entrada a decenas de miles de personas provenientes de África que están en condiciones de pagarse el billete y que necesitan acceder a Europa”. “Lo necesitan tanto que están dispuestos a pagar mucho más que un billete de avión y a jugarse la vida para intentar llegar a Canarias en un cayuco”, insisten.

Pasaje Seguro denuncia que las políticas migratorias de la UE y de España se convierten así en “criminales, ineficaces y hipócritas”, porque “provocan muerte y sufrimiento a gran escala al cerrar las fronteras y negar visados; no pueden impedir los flujos migratorios inevitables en un mundo cada vez más violento y desigual”.

Y además “se contradicen con las necesidades reales de migrantes que Europa y España tienen, pues las personas migrantes son esenciales en las actividades económicas, en los cuidados a familias, a personas mayores y dependientes, y todo el mundo lo sabe.” Estas políticas migratorias criminales, pretenden disponer de mano de obra migrante sin derechos, reducida a la ilegalidad y con la menor capacidad posible para ejercer sus derechos de ciudadanía, resumen.

La falta de justificación de estas políticas, el racismo que las sustenta, se pone más de manifiesto al compararlas con la buena acogida que se ha dado a las personas refugiadas de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido recuerdan que la UE ha acogido en dos años a más de dos millones de personas, dándoles derechos y refugio. En España han sido más 200.000 en dos años. “¿Por qué no hacemos lo mismo con las decenas de miles de africanos y asiáticos que huyen de situaciones tan dramáticas como la de Ucrania?”, inquieren.

A todo esto suman el “espectáculo siniestro” de la mala gestión de la acogida a las personas migrantes que arriban pese a todo a Canarias, y en casos como los niños migrantes que llegan sin tutela a Canarias y Ceuta. En este sentido, explican que ya existe un sistema solidario de acogida, con financiación estatal, pero “que muchas Comunidades Autónomas, las del PP fundamentalmente, se niegan a que sea de carácter automático y obligatorio”. También en Comunidades como Cantabria, donde todavía no se ha acogido a ninguno de los 26 niños comprometidos en 2023, pese a haber recibido fondos para ello, apuntan.

Por eso centran sus reivindicaciones en:

– Asegurar el reconocimiento y la identificación de las personas ahogadas recuperadas, facilitando a sus familias la llegada a Canarias para hacerse cargo de ellas.
– Establecer rutas seguras de migración, estableciendo amplios cupos de llegada, abriendo oficinas consulares con personal y medios en los países de procedencia, facilitando los visados a las personas que llegan a nuestras fronteras desde países en guerra.
– Extender las capacidades públicas de acogida puestas en marcha para l@s refugiados de Ucrania al conjunto de las personas migrantes que tratan de acceder a España irregularmente (cuarenta mil en lo que llevamos de año, un número significativamente menor que el de los procedentes de Ucrania).
– Desbloquear la acogida a la infancia migrante que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla, distribuyéndolos proporcionadamente por todo el territorio nacional.