Estar metida en una lucha que va más allá de una misma, que implica a tu entorno, territorio y a los derechos de mucha gente puede compararse a una montaña rusa. De alguna forma, lo vivieron muchas de las mujeres representantes de distintas luchas colectivas que se reunieron hace un par de semanas en Solares (Medio Cudeyo), de la mano de Mundubat, entidad que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs.

Porque por un lado, la cita empezaba con cierto aire de celebración por las recientes sentencias europeas que confirmaban sobre el papel algo que decía la razón y por lo que venían luchando muchas: que los recursos pesqueros del Sáhara son del Sáhara y no de Marruecos, y que con quien tiene que hablar la Unión Europea de ello es con el pueblo saharaui y su representante legítimo, esto es, el Frente Polisario.

Jadiyetu El Mohtar, representante del Frente Polisario en Madrid, valoraba para EL FARADIO la noticia, que era celebrada por muchas de las asistentes al encuentro y jornada de trabajo en el Ramón Pelayo, un antiguo mercado reconvertido en centro cultural.

Pero, como suele decirse, nunca dura mucho la alegría en casa del pobre, y ese pequeño darse un minuto para poner en valor una victoria se convertía en eso, casi apenas un minuto, porque estaban ya resonando las bombas en el Líbano, la forma que eligió Israel para recordar el recrudecimiento de los ataques que viene sufriendo Gaza, convertidos ya en todo una operación de exterminio que ataca hospitales, colegios, campos de refugiados y bloquea las rutas de entrada de ayuda humanitaria básica (alimentos y medicinas).

Por videoconferencia intervenía una activista palestina, que contaba a las asistentes el trabajo que vienen haciendo desde 1980 en los campos de refugiados y advertía de que esa extensión al Líbano, territorio que además lleva décadas siendo de acogida de refugiadas palestinas, “va a continuar porque nadie está haciendo nada para pararlo”. Su organización, describía, ha sido declarada como terrorista por Israel, y es habitual que les cierren la oficina, arresten y encarcelen a compañeras o les impidan viajar. Y que suman a esas dificultades muchas otras incomprensiones extras, como las de muchos hombres compañeros de lucha.

De algún modo, las participantes esbozaban lo que podría considerarse como un manual de resistencia de cara a una lucha.

Manual que tiene como primer paso básico la identificación del problema, del entorno más directo a la realidad social.

DE LA IDENTIFICACIÓN A LA LUCHA

Es lo que está pasando en El Salvador, donde el relato ampliamente difundido de un presidente Bukele que usa la mano dura contra las bandas esconde otras tentaciones habituales en quien ostenta poder y lo ejerce sin trabas. Ivania Cruz, de El Salvador, narraba a los asistentes la parte que no llega aquí: la aplicación del régimen de excepción como mecanismo de represión a líderes comunitarios, comunidades con amenazas de desalojo, representantes de la oposición o periodistas.

Ella empezó a toparse con esto tanto en su trabajo como abogada que representa a comunidades con amenazas de desalojo de sus tierras como directamente en su entorno más inmediato:su hermano fue uno de los primeros presos políticos y su padre, implicado siempre en luchas sociales, fue también apresado, ahora está exiliado, como el resto de su familia.

Trascendiendo su historia y llegando a la de muchas otras tenemos el retrato de un problema colectivo, masivo y grave con los derechos humanos: “Es un gobierno terrorista: gobierna a base de terror”, resumía.

Casi un tercio de las detenciones, hasta 30.000, son arbitrarias, a sindicalistas y ecologistas, en un fenómeno que afecta a las mujeres por su papel de pegamento de las comunidades: desde 2021 más de 7.000 mujeres han sido detenidas por el régimen de excepción, encerradas en cárceles en las que practican abortos y se contabilizan desde los movimientos cuatro bebés muertos.

Hay 3.000 adolescentes capturados y 17.000 mujeres fallecidas, mientras se constata un retroceso en la agenda feminista: restricciones al aborto, cierres de centros de mujeres y de casas de acogida para víctimas de violencia de género y el frenazo al camino iniciado de representatividad política de las lideresas, todo favorecido por la “falta de institucionalidad” de un país que en realidad está “manejado por una sola persona”. En El Salvador los movimientos ya han identificado el rastro del dinero, el peso de Bitcoin en todo esto y los nexos con el narcotráfico.

Una vez identificado y cuantificado el problema, comenzó la organización, incluso pese al miedo a las consecuencias sobre sus familias (todavía recuerda cuando su madre le preguntó si con denuncia ayudaría a más gente aparte de a su padre y hermano).

Las mujeres, al empezar a preguntar por sus maridos, padres, hermanos, compañero… detenidas, empiezan a aliarse y son la voz de la resistencia que ya conforma un bloque de resistencia popular, y de momento han logrado sacar adelante varios retos que no son menores: comenzar a desmontar el relato internacional y romper el miedo, es decir, el silencio. Este mismo año, marcharon por las calles decenas de miles de personas: “se rompió el miedo”, reivindicaba Ivania.

DE LA REPRESIÓN A LA DIÁSPORA

En Colombia la agenda estaba clara: la lucha por la soberanía alimentaria, que implica la lucha contra expropiaciones de tierras, los intentos de despojarles por parte de empresas multinacionales, la invasión de cultivos ilícitos, y afectada por el impacto del cambio climático, pero también por la libertad de expresión de las mujeres, contra la violencia dentro de las familias y las comunidades, según enumeraba Liliana Ulchur.

Allí todo cristalizó en 2012 en una gran movilización social por la reforma agraria en el país, no exenta de reacción en contra en forma una persecución “muy fuerte” y violenta, armada, impulsada desde el Estado, en alianza con multinacionales, contra sus líderes sociales.

Una consecuencia de la represión es la diáspora, que lleva a mujeres y sus familias a abandonar sus países en busca de la protección más básica, la de la propia vida.

Liliana Ulchur, activista de El Cauca en Colombia, es uno de esos casos que han tenido que huir: tras agresiones repetidas contra ella y su familia por grupos armados en su país, desde marzo de este año está acogida con su hija en Martin Etxea, la casa de acogida que gestiona la Fundación Mundubat en Gallarta (Bizkaia) para proteger a activistas y personas defensorasde derechos humanos. Desde aquí pone voz a lo que sucede en casa, como el reciente asesinato de una compañera o las desapariciones forzosas, y ayuda a tejer lazos internacionales con otras organizaciones.

LA DIÁSPORA ABRE LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Y esa diáspora, ese exilio, se convierte al final en un gigantesco mecanismo de amplificación, como constataba Erguia Baba Hadj, de la Liga de Mujeres Saharauis en España, depositaria de la mucha ¿??de abuelas y madres, instalada en el País Vasco, donde es parte activa del movimiento asociativo y de cooperación local, mientras ayuda a poner en valor la constante represión de las mujeres saharauis en los territorios ocupados o la labor que siguen haciendo en los campamentos.

Fue la amplificación internacional de sus voces la que logró frenar un proyecto de ley de Bukele que pretendía quitar recursos a las ONGDs, y es en otros países donde se encuentra la protección frente a la violencia, además de la participación en foros internacionales con otras organizaciones con problemas similares.

Así, Mansoura Bachari, representante de la Coordinadora de Mujeres Saharauis en España, destacaba el doble reto de la diáspora, por un lado, la integración en los territorios de acogida, y el recuerdo de la tierra de origen, para conseguir quedarse con lo mejor de los dos mundos.

Habiba Kathri Limam, activista saharaui de la Federación Saharaui de Deportes (FSD), añadía el valor que pueden tener para ampliar los cauces de reivindicación áreas en las que no siempre se atiende desde esta perspectiva, como el deporte, que permite además trabajar con la visibilidad de los propios cuerpos.

“TENEMOS QUE TRABAJAR JUNTAS Y UNIDAS”

Y esa colaboración internacional, ese puesta en común de los problemas, permite compartir no sólo tácticas de lucha (desde las más clásicas en la calle hasta las legales o las que buscan el apoyo mediático o se basan en las tecnologías), sino ir sacando conclusiones desde una perspectiva más global.

Desde El Salvador advierten de que el modelo de Bukele “proviene de la ultraderecha de Estados Unidos”, que es un “experimento” que “quiere replicarse en toda América”.

El “hilo común”, coinciden desde El Salvador a Palestina, desde Colombia al Sáhara, es el imperialismo, la ocupación violenta de territorios o espacios por agentes externos que actúan contra la población local.

Por eso apelan a que “todas las mujeres del mundo del Sur, de todo el mundo, que somos anticolonialistas, anti-imperialistas, tenemos que estar juntas y trabajar unidas”. “Es el día de unirnos, ahora más que cualquier día”, aseveraban desde Palestina, donde lejos de quedarse en su situación, insistían en que “la lucha de todas las mujeres es nuestra lucha”, que fueron palabras de resistencia y solidaridad compartidas por todas las ponentes y mujeres participantes en este encuentro, realizado en el marco del proyecto “Generando conciencia crítica y alianzas en la defensa de los derechos de las mujeres saharauis” apoyado por el Gobierno de Cantabria.

“Todavía en el día a día en nuestros territorios hay una gran ilusión por cambiar las cosas”, subraya Liliana Ulchur, de Colombia. “Preferimos morir en las calles que arrodillarnos en el sistema”, zanja Ivania Cruz, de El Salvador.