Cantabria No Se Vende advierte de que las cifras récord en masificación turística esconden además otra realidad: dos de cada tres apartamentos turísticos son ilegales.

Según detallan, el número de apartamentos turísticos se ha multiplicado en Cantabria durante los últimos 4 años. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informaba de un aumento de las viviendas dedicadas al uso vacacional en nuestra Comunidad de 3.798 más respecto a 2020, hasta un total de 8.684.

Comparando las cifras del INE con el registro público autonómico de apartamentos turísticos, Cantabria No Se Vende señala que cada año el porcentaje de pisos turísticos con la documentación en regla no deja de bajar.

“Hay municipios donde hay el doble o el triple de pisos turísticos de lo que reconoce la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte”, señala el movimiento social

En detalle, en Santander, alrededor de la mitad de los apartamentos turísticos no se encuentran debidamente registrados. En municipios periféricos como Treviso, Vega de Pas o San Pedro del Romeral, todos los pisos turísticos operan sin tener los papeles en regla. Esta opacidad dificulta hacer cumplir a los apartamentos turísticos la normativa, tributar por la actividad económica que realizan y cualquier ordenación en el territorio, advierten.

Desde este movimiento participante junto a otras organizaciones en la plataforma ‘Cantabria Para Vivir’, apuntan a la Consejería por su dejación de funciones. “No sólo tenemos una regulación laxa que permite la especulación con la vivienda, sino que además la Consejería no inspecciona los pisos turísticos para hacer cumplir las pocas normas que existen”, declaran.

En Cantabria, basta con la presentación de un simple escrito en un registro público para poder comenzar a operar un piso turístico. “Muchos de los propietarios ni siquiera cumplen con este requisito mínimo porque saben que la Consejería no les va a multar aunque la Ley lo establezca como una infracción”, aseguran.

La Ley de Turismo de Cantabria prevé sanciones de hasta 30.000 €, no poder dedicarse a la actividad turística durante 3 años y quedar inhabilitado para recibir ayudas y subvenciones públicas para aquellos propietarios de pisos turísticos que no declaren su actividad.