Lo dicen los expertos y lo confirma la realidad del día a día de los juzgados: la inmensa mayoría de las agresiones sexuales se cometen por personas cercanas a la víctima, desde el propio hogar (padrastros, tíos, amigos, vecinos, profesores o entrenadores…)

Esta semana –como prácticamente todas—la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria tiene previsto, el miércoles, un juicio por un delito contra la libertad sexual contra un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja desde que tenía seis años de edad.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, “de modo reiterado” y “obrado en todo momento con el propósito de satisfacer sus más reprobables deseos sexuales y con evidente ánimo libidinoso, aprovechaba cada ocasión en la permanecían a solas para realizarle tocamientos”.

Además, “a partir de que la menor cumpliera siete años”, “se colocaba sobre ella y, a pesar de la resistencia activa de la menor para repeler el contacto, arrojando patadas contra aquel, le inmovilizaba los pies con fuerza, agarrándoselos con el brazo” y procedía a los abusos físicos.

Explica la Fiscalía que el acusado reiteró esta conducta “en múltiples ocasiones” a lo largo de seis años.

Como consecuencia de estos hechos, la menor presenta “síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático directamente relacionados y compatibles con las vivencias referidas”, lo que se ha traducido en “sintomatología depresiva, problemas académicos, evitación e indicadores de baja autoestima”.

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito continuado de agresión sexual a menor de trece años, merecedor de una pena de quince años de prisión, veinte años de prohibición de acercarse y comunicar con la víctima, y veinte años de inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con menores.

En concepto de responsabilidad civil, pide que la menor sea indemnizada en 20.000 euros.

El jueves, en la Sección Primera, hay otro juicio, por abuso sexual y elaboración de pornografía infantil, contra una mujer acusada de abusar de su hijo, de nueve años de edad.

Los hechos constituyen un delito de abuso sexual a menor agravado por acceso carnal, parentesco y convivencia, en concurso con un delito de elaboración de pornografía infantil agravado por minoría de dieciséis años de edad y parentesco.

Solicita la fiscalía una pena de doce años de prisión, privación de la patria potestad, alejamiento y prohibición de comunicar con el menor durante veintidós años, inhabilitación para desempeño con menores durante treinta y dos años, y medida de libertad vigilada tras la pena privativa de libertad de cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, solicita el ministerio público que la mujer indemnice al menor en 12.000 euros.